El futuro del agua en Almería se juega esta semana en el Congreso de los Diputados. El PP ha registrado una iniciativa parlamentaria con la que pretende forzar al Gobierno central a poner en marcha, de manera inmediata, un plan de actuación urgente que rescate del olvido las infraestructuras hidráulicas que la provincia necesita para asegurar su supervivencia hídrica. La propuesta exige un cronograma de cumplimiento estricto y sin más demoras para las 17 actuaciones que permanecen bloqueadas en territorio almeriense, integradas en un paquete global de cien proyectos repartidos por toda la geografía andaluza.
La formación busca que el Ejecutivo dote a este plan de los recursos financieros necesarios a través de partidas plurianuales que aseguren que ninguna de las obras reclamadas por la Junta de Andalucía se quede a medio camino. En su argumentación, el PP recalca que la política de aguas es una de las competencias más críticas del Estado, ya que de ella depende no solo el consumo básico de los ciudadanos, sino también la fortaleza de pilares económicos como la industria, el turismo y la agricultura.
A pesar de que las reservas actuales en los embalses superan el 85 % de su capacidad, el texto que llega a la Cámara Baja denuncia que la comunidad andaluza padece una carencia estructural derivada de la falta de previsión y ejecución de las administraciones centrales. Para los populares, el hecho de que el agua embalsada sea abundante no soluciona el problema de fondo si no se cuenta con las presas y conducciones necesarias para distribuirla y regularla de forma eficiente. Esta parálisis, que se arrastra desde el año 2018, afecta a proyectos que fueron declarados de interés general y que, hoy por hoy, no presentan avances significativos.
El desglose de estas infraestructuras pendientes evidencia un mapa de necesidades donde Almería figura como una de las zonas con más tareas acumuladas. La iniciativa detalla que existen 17 proyectos paralizados en la provincia, una cifra solo superada por los 18 de Málaga, y que contrasta con las obras pendientes en otros puntos como Cádiz con 16, Huelva con 15, Granada con 11, Córdoba con 9 y Sevilla o Jaén con 7 cada una. Según la propuesta, esta desatención supone un trato desigual respecto a otras comunidades y una falta de compromiso con un territorio que, por su clima y modelo productivo, requiere una gestión del recurso hídrico especialmente sólida.
Ante lo que consideran una inacción estatal, la Junta de Andalucía ha tenido que intervenir financiando con recursos propios actuaciones que teóricamente no le correspondían, invirtiendo cuantiosas sumas en la adecuación de cauces y la modernización de presas de su competencia. El PP advierte que la falta de respuesta ante las constantes peticiones del Parlamento andaluz es una muestra de la escasa sensibilidad del Gobierno central hacia los desafíos hídricos de la región, insistiendo en que el Estado debe recuperar su papel de motor inversor para garantizar la competitividad y el desarrollo andaluz.