La justicia ha dado un giro significativo al caso de una asociación dedicada al estudio del cannabis en Almería al exonerar a la mujer que ejercía como secretaria de la entidad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido revocar la condena de más de tres años de prisión que pesaba sobre ella, al considerar que no existe ni una sola prueba que la vincule con la distribución de droga o con la toma de decisiones ilícitas dentro del club. Para los magistrados, su papel se limitaba a tareas puramente administrativas y de limpieza, sin que conste que tuviera conocimiento real de los movimientos de sustancias estupefacientes que se realizaban en la sede.
En la resolución de la Sala de Apelación se subraya que, más allá de figurar formalmente en el organigrama de la asociación, no hay datos objetivos que relacionen a la acusada con el almacenamiento o la venta de la droga. El tribunal aclara que los cometidos de una secretaria se centran en la gestión documental, como la redacción de actas o la tramitación de altas y bajas de socios, lo cual no implica necesariamente una participación en la gestión material de las actividades, sean estas legales o no. De hecho, el fallo resalta que el hallazgo de esta red en Almería no fue el resultado de una investigación policial previa ni de quejas de los vecinos, sino que se descubrió de manera accidental por las declaraciones de otro de los implicados.
Respecto a los otros dos acusados, que ostentaban los cargos de presidente y tesorero —un padre y su hijo—, el alto tribunal ha optado por mantener sus condenas por tráfico de droga y asociación ilícita, aunque ha suavizado las multas económicas, fijándolas en 125.000 y 120.000 euros respectivamente. Además, se ha eliminado la condena por defraudación de fluido eléctrico continuada y, en una decisión relevante, se ha dejado sin efecto el decomiso de un inmueble en Almería y un cortijo situado en Níjar, al entender que la sentencia inicial no motivó suficientemente la necesidad de embargar estas propiedades.
Los hechos se remontan a una asociación que, bajo una apariencia de "naturismo y terapias alternativas", operaba como un punto de venta y distribución de marihuana y hachís entre 2019 y principios de 2020. Aunque sus estatutos prohibían expresamente el fomento del consumo ilegal de cualquier droga, los registros judiciales sacaron a la luz una realidad muy distinta: los agentes hallaron en la sede de Almería decenas de placas de hachís y cogollos de marihuana valorados en casi 40.000 euros, junto con útiles de pesaje y grandes sumas de dinero en efectivo. En paralelo, los responsables mantenían cultivos en una vivienda y en un cortijo de Níjar mediante enganches ilegales a la red eléctrica para autoabastecerse o vender a terceros.