Ayer, en la Carrera de San Jerónimo, se volvió a escenificar ese teatro de sombras que tanto gusta como espectáculo, donde la ideología suele atropellar a la lógica en la primera curva. Mientras en el Congreso de los Diputados se debatía la prórroga de las medidas del escudo social y los límites al alquiler, uno no puede evitar pensar que en los despachos de Madrid confunden un diagnóstico de vivienda con un manual de resistencia poética. El problema es que, mientras ellos declaman, al almeriense de a pie se le queda cara de acelga al ver que encontrar un piso en condiciones en la capital, o ya no hablemos de Roquetas de Mar o El Ejido, se ha convertido en una actividad de riesgo.
Parece que a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y al presidente Pedro Sánchez, se les ha olvidado que la economía, por mucho que les pese, no entiende de consignas, sino de incentivos. Nos dicen que la solución para que los jóvenes no se dejen el 60 % del sueldo en un techo es ponerle puertas al campo. O mejor dicho, ponerle candados a los propietarios. Si usted tiene un piso cerrado en la calle Altamira y el Gobierno le amenaza con que, si el inquilino deja de pagar, usted se convierte en una ONG forzosa que debe costear el IBI, la comunidad y las averías, ¿qué va a hacer? Pues lo que haría cualquier hijo de vecino: cerrar la puerta con doble llave y esperar a que pase el temporal.
A ver si nos enteramos como funciona la ley de oferta y demanda. El problema no está en que haya gente que quiera alquilar un lugar donde vivir... incluso siendo muy caros, los anuncios duran poco, rápidamente encuentran quién lo pague. Por tanto, no se trata de ayudar al inquilino a pagar, porque cuanto más ventajas les des, más serán quienes quieran hacerlo sin que la vivienda aumente al mismo ritmo. Lo que hay que hacer es poner pisos en el mercado, pisos que están cerrados ¿cómo hacerlo? Pues incentivando al casero, animándole a que los saque porque eso le trae más a cuenta que tenerlo cerrado.
Es una ceguera voluntaria. Se empeñan en ignorar que el problema no es exclusivo de esta esquina del mapa; desde Nueva York, hasta las grandes capitales europeas, la crisis habitacional es un clamor. Pero aquí, en el España, somos más originales. Aquí pensamos que castigando al que tiene la oferta vamos a conseguir que baje el precio de la demanda. Es como si el Gobierno de Andalucía, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, decidiera que para que el tomate sea más barato al consumidor, hay que prohibir a los agricultores de La Cañada cobrar lo que ellos entiendan que debe costar su producto, y que el precio debe ser lo que diga un boletín oficial, sin importar si el abono o el agua han subido un 300 %. El resultado es obvio: dejarían de plantar tomates.
La lógica de parvulario dicta que si hay poca vivienda en alquiler, el precio sube. Y hay poca vivienda porque la inseguridad jurídica ha convertido al casero —que muchas veces es un jubilado con un segundo piso que es su plan de pensiones, o una familia que ha heredado, o que con esfuerzo se ha comprado un apartamento— en el enemigo público número uno. Si a una pareja joven en Almería le cuesta la misma vida independizarse, no es porque los propietarios sean seres malévolos salidos de una novela de Dickens, sino porque no hay producto en el mercado. Y no lo hay porque el miedo a la vulnerabilidad sobrevenida, esa que debería gestionar la administración y no el ciudadano particular, paraliza cualquier intención de arrendar.
Si el Estado realmente quisiera solucionar el drama, en lugar de prórrogas de última hora para salvar la cara en el Congreso, propondría algo revolucionario: sentido común. ¿Se imaginan que a ese propietario se le garantizara que, si el inquilino falla, la administración asume el pago y busca una solución habitacional real para la familia vulnerable? ¿Se imaginan incentivos fiscales de verdad, donde los beneficios por alquilar no tributen o lo hagan de forma testimonial? Eso sí sería fomentar la oferta. Pero claro, es mucho más sencillo y barato electoralmente pasarle la patata caliente al particular y señalarlo con el dedo desde un estrado alfombrado.
Antaño se decía que el problema en el España era que todos queríamos ser propietarios. Se quitaron las deducciones por compra, se fomentó el alquiler, y ahora que hemos logrado que media Almería busque vivir de renta, resulta que no hay pisos. Hemos pasado de incentivar la compra a desincentivar la puesta de inmuebles en alquiler, dejando a la gente en tierra de nadie. Mientras sigan utilizando anteojeras políticas para mirar una realidad que pide a gritos un análisis técnico y frío, seguiremos viendo cómo los decretos se suceden mientras las persianas de miles de viviendas en nuestra provincia siguen bajadas por puro pánico legal. Es una lógica elemental, pero ya sabemos que, en política, la lógica es el menos común de los sentidos.