Ayer fue uno de mayo, ese día en el que los altavoces de la justicia social se desempolvan para la tradicional coreografía de pancartas y megáfonos. Escribo estas líneas mientras las calles se llenan de consignas reivindicativas y en las redes se suben fotos y consignas de orgullo proletario. Lo curioso de este año es el decorado: estamos en plena campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, y la sobreactuación política ha alcanzado niveles de opereta.
Resulta difícil digerir, sin que a uno le suba la bilirrubina, la presencia de ciertas formaciones en las marchas de la clase trabajadora. No me refiero al ciudadano de a pie, que tiene motivos de sobra para el descontento, sino a las organizaciones y siglas que llevan años repartiendo el bacalao desde las poltronas. Es una suerte de esquizofrenia institucional: quienes dictan las leyes el martes se manifiestan el miércoles contra los efectos de esas mismas leyes.
Nos cuentan, con esa asombrosa capacidad para el equilibrismo estadístico, que los datos macroeconómicos en el Estado español son poco menos que un milagro. El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sacan pecho por una reforma laboral que ha convertido el contrato indefinido en el estándar obligatorio. Sobre el papel, la precariedad ha muerto; en la realidad de la provincia de Almería, solo le han cambiado el nombre en el registro.
De qué le sirve a un camarero de El Zapillo o a un manipulador de una cooperativa de Níjar tener un contrato "indefinido" si este solo garantiza que no sabes cuándo dejarán de llamarte. Según los últimos datos de Eurostat y de la propia Seguridad Social, desde la implantación de estas medidas, el número de horas trabajadas por empleado se ha estancado o incluso reducido. Se firman más contratos indefinidos que nunca, pero muchos duran menos que una caja de tomates en agosto. Seis de cada diez nuevos contratos fijos son ya a tiempo parcial o fijos-discontinuos. Es la cosmética de la estadística: si no aparece como temporal en la hoja de Excel, el problema deja de existir para el ministerio, aunque el trabajador siga sin llegar a fin de mes.
Y hablemos del Salario Mínimo Interprofesional, que para este 2026 se ha situado en más de mil doscientos euros mensuales tras sucesivos decretos. Subir los sueldos por imperativo legal suena heroico en un mitin, pero en la economía real de una provincia sostenida por pymes y autónomos, la música suena distinta. Si un empresario tiene dos empleados y sus costes laborales —que en el Estado español siguen siendo de los más voraces de la Unión Europea, con una carga de cotizaciones sociales que ronda el 30% del coste total— suben un 30% por decreto sin que sus ingresos aumenten un solo céntimo, la aritmética es cruel: o despide a uno para que el otro haga el doble de trabajo, o reduce jornadas sobre el papel mientras la realidad se sumerge en el negro.
La paradoja es sangrante. Nunca se ha cotizado tanto, nunca ha habido tantos "contratos de calidad" según el relato oficial y, sin embargo, la clase trabajadora es hoy notablemente más pobre que hace una década. La tasa de pobreza laboral se resiste a bajar del 12%, una de las más altas del continente.
A nosotros, los autónomos, nadie nos reduce la jornada, ni nos sube el sueldo. No hay sindicatos fuertes que negocien nuestras horas de sueño ni administraciones que alivien la presión fiscal para que podamos respirar. Para pagar unos impuestos que no dejan de crecer, tenemos que trabajar más horas que nunca, mientras vemos cómo quienes han diseñado este laberinto de precariedad y maquillaje estadístico se ponen la camiseta de manifestante.
Es una gran mentira sostenida por la necesidad de votos. Los sindicatos que han apoyado las leyes del Gobierno que nos están precarizando, se unen a los partidos de ese Gobierno en manifestación contra los efectos sociales que están provocando esa misma normativa que han respaldado.