La situación de la administración de justicia en la provincia de Almería atraviesa un momento crítico marcado por una saturación que afecta de manera directa a los ciudadanos y a los profesionales del sector. Según los datos extraídos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondientes al ejercicio 2025, la Audiencia de Almería padece una demora que, en el orden civil, alcanza en algunos casos los 18 meses. La letrada Verónica Gómez reconoce en una entrevista en Almería de Cerca de 7TV Almería que esta sobrecarga es una realidad palpable en el día a día de los despachos, señalando que "claro que lo notamos, ¿cómo no lo vamos a notar?", aunque matiza que los plazos varían según el tipo de asunto y que los recursos de apelación en el ámbito penal suelen resolverse con mayor agilidad que el resto de procedimientos.
Uno de los puntos más preocupantes que destaca la experta es el impacto negativo de las recientes modificaciones legislativas. A pesar de que la Ley de Eficiencia de la Justicia nació con el objetivo teórico de dinamizar el sistema, Gómez es tajante al afirmar que "en vez de agilizar, la reforma de la justicia ha ralentizado mucho más las cosas". A su juicio, la obligatoriedad de intentar soluciones extrajudiciales antes de acudir a los tribunales se ha convertido en un obstáculo adicional, ya que "cuando una persona ya se ve obligada a utilizar la justicia, es porque ha intentado antes soluciones que no han funcionado", convirtiéndose estos trámites previos en un "lastre" para la rapidez del proceso.
El análisis pormenorizado de los datos revela que la Sección Primera de la Audiencia, encargada de los asuntos civiles, ha experimentado un incremento del 38 por ciento en el registro de nuevas causas respecto al año anterior. A pesar de que la actividad judicial ha aumentado y se han resuelto un 5 por ciento más de casos, el volumen de asuntos pendientes ha crecido de forma alarmante un 45 por ciento. En el orden penal, los casos también han subido un 11 por ciento. Gómez explica que el grueso de la carga de trabajo en la Audiencia de Almería proviene de las apelaciones, subrayando que "cualquier juzgado o tribunal de la provincia puede ser apelado después y que vaya a la audiencia", lo que genera un embudo difícil de gestionar con los recursos actuales.
La falta de medios personales y materiales es, para la abogada, la raíz del problema. La justicia en el Estado español se encuentra dividida entre las decisiones estructurales del Gobierno central y la gestión de la Junta de Andalucía, que ostenta las competencias en materia de personal y edificios. "Faltan medios, faltan funcionarios y faltan jueces", denuncia Gómez, quien vincula esta carencia a una cuestión meramente económica, ya que cada nueva plaza supone un coste salarial que las administraciones parecen evitar. Esta insuficiencia de recursos provoca situaciones de desamparo para el justiciable, llegando al extremo de que procedimientos paralizados en la instancia pueden llegar a prescribir si los letrados y procuradores no están "continuamente reactivando el procedimiento", una responsabilidad que en puridad debería recaer sobre el tribunal pero que termina sobre los hombros de los profesionales para evitar perjuicios irreparables.
La situación es especialmente sangrante en el ámbito de lo social, donde los conflictos laborales en una provincia como la nuestra generan un volumen de trabajo inabarcable. Verónica Gómez califica de "horrible" que se estén señalando juicios a tres años vista, algo que sucede con frecuencia en los tribunales de lo social de Almería. Ante esta realidad, la creación de nuevos órganos en municipios con gran actividad como El Ejido se presenta como una necesidad urgente que no termina de materializarse. La letrada destaca que ciudades como El Ejido necesitan juzgados de lo social o de lo mercantil propios para evitar que una parte de sus procedimientos colapsen necesariamente la capital.
La entrevista también aborda la percepción de desigualdad en la justicia ante las denominadas macrocausas. Gómez pone como ejemplo la frustración ciudadana en El Ejido con casos como la Operación Poniente, donde tras años de instrucción y recursos, la sensación de impunidad crece mientras "está prescribiendo todo con el paso de los años". Por el contrario, critica la celeridad con la que se actúa en casos de menor entidad, como el de una persona que, por falta de recursos, no puede pagar una pensión y se ve amenazada con un ingreso inmediato en prisión por el impago de una multa. "Es lamentable que un ciudadano tenga que estar esperando, esperando y esperando" en unos casos, mientras en otros la maquinaria funciona con una rapidez implacable que no siempre atiende a la lógica de la justicia material.
Finalmente, la abogada reflexiona sobre el sistema garantista del Estado español y el papel de la subjetividad en la judicatura. Aunque reconoce que existen fallos y que en ámbitos como la violencia de género se pueden producir situaciones injustas por la valoración de las pruebas, defiende la necesidad de mantener las garantías y los recursos. Gómez concluye con una nota de esperanza profesional, asegurando que "a pesar de todo yo sí creo en la justicia, y la mayoría de las veces se hace justicia, aunque a la gente le cueste tener que estar luchando con la espada en alto", confiando en que, más pronto o más tarde, el sistema o la propia vida acaben equilibrando la balanza en favor de lo que es justo.