La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha dado un paso más en su investigación sobre la gestión de los menores extranjeros no acompañados en Almería. Tras recibir las explicaciones del Hospital Universitario Torrecárdenas, el Defensor en funciones, Jesús Maeztu, ha solicitado un informe exhaustivo a la Delegación de la Junta de Andalucía encargada de Inclusión Social, al considerar que la situación actual evidencia una alarmante falta de sintonía entre la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario.
El origen de la controversia reside en el procedimiento para determinar la edad de estos jóvenes. Según el centro hospitalario de Almería, su Unidad de Radiodiagnóstico prioriza las urgencias vitales durante las guardias, lo que posterga la emisión de los informes de edad ósea. Sin embargo, para la Defensoría, la respuesta del hospital sugiere que los menores son trasladados al centro "sin cita previa" y en horarios donde es "previsible" que no reciban una atención en tiempos razonables.
Esta descoordinación administrativa tiene consecuencias directas sobre la protección de los menores. El Defensor advierte que los retrasos pueden forzar a estos jóvenes a pasar la noche en el propio recinto hospitalario o en la sede de la Policía Nacional, a la espera de un documento que es indispensable para su ingreso en un centro de protección.
La intervención de oficio de la institución comenzó tras una alerta que denunciaba esperas de hasta diez horas. El relato advertía que los menores localizados en la vía pública o que acuden a comisaría a partir de las 21:00 horas quedan en un vacío asistencial. Según esta queja, muchos de estos jóvenes aguardan sentados durante toda la noche mientras son los propios agentes de la Policía Nacional quienes, de manera voluntaria, les facilitan alimento ante la falta de una estructura de acogida inmediata.
Aunque los menores que llegan en patera cuentan con protocolos específicos, aquellos que aparecen de forma aislada en Almería se enfrentan a este cuello de botella burocrático. Maeztu ha subrayado la gravedad de estos hechos por afectar a un colectivo de extrema vulnerabilidad y ha exigido a la Junta de Andalucía aclarar cómo se garantiza la asistencia social y el amparo de estos menores desamparados mientras se dirime su edad oficial.