Las investigaciones policiales desarrolladas en la provincia de Almería han permitido desarticular un sofisticado fraude informático que afectó a una mercantil con sede en León. La Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a un residente almeriense como principal sospechoso de interceptar comunicaciones corporativas para desviar pagos que superan los 10.000 euros.
El operativo, liderado por especialistas en ciberdelincuencia, se puso en marcha tras analizar una denuncia presentada de forma telemática por la empresa afectada. El método empleado, conocido técnicamente como "Business Email Compromise" (BEC), consistió en el acceso no autorizado a los correos electrónicos de la compañía. El atacante logró infiltrarse en la cadena de mensajes justo cuando un jefe de obra remitía una factura real de un proveedor habitual al departamento financiero para su abono.
Sin alterar la apariencia del remitente para evitar sospechas, el sospechoso sustituyó los dígitos de la cuenta bancaria de destino por una propia. De este modo, la empresa realizó la transferencia de fondos con total confianza, creyendo que cumplía con sus obligaciones comerciales de forma rutinaria. El engaño no salió a la luz hasta que el proveedor legítimo reclamó el cobro del dinero pendiente días después de haberse efectuado el pago fraudulento.
El rastreo del flujo monetario y el análisis detallado de los datos vinculados a la cuenta receptora llevaron a los agentes hasta el poniente almeriense. Concretamente, fueron los efectivos destinados en Roquetas de Mar quienes formalizaron la investigación del presunto responsable. Este tipo de delitos suponen un perjuicio económico doble para las víctimas, ya que además de la pérdida del capital estafado, la compañía mantiene la obligación legal de abonar la factura original al proveedor real.
Ante el incremento de este tipo de intrusiones informáticas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en el ámbito empresarial. Es fundamental confirmar cualquier modificación en los datos de transferencia a través de una segunda vía de comunicación, preferiblemente mediante una llamada telefónica directa o de forma presencial. Asimismo, se aconseja desconfiar de correos que apelen a la urgencia o la confidencialidad extrema y establecer protocolos de verificación interna antes de autorizar cualquier movimiento económico relevante.