El pleno del Ayuntamiento de Almería adoptó en su sesión ordinaria del 15 de abril de 2026 el acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributaria del Servicio de Cementerio Municipal. Este texto establece las nuevas tarifas obligatorias por los servicios públicos relativos a los camposantos municipales, determinando que tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales la utilización privativa, el aprovechamiento especial del dominio público local y la prestación de los propios servicios mortuorios.
La medida, impulsada y defendida por el equipo de gobierno del PP, ha generado un intenso debate político y ha chocado con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, quienes consideran que este incremento supone un castigo económico injustificado para los ciudadanos y cuestionan severamente la interpretación legal que se ha hecho del contrato original. Cabe recordar que la gestión integral del recinto se realiza de forma indirecta en los términos del contrato de concesión adjudicado el 8 de abril de 2022 y formalizado de manera definitiva el 23 de mayo de ese mismo año.
A la hora de analizar lo que cuesta recibir sepultura en Almería, el texto normativo desgrana unas cuotas que se determinan por la estricta aplicación de tarifas para distintos conceptos, a las que posteriormente se les suma el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido que se encuentre vigente. Las cifras revelan el notable esfuerzo económico que deben asumir las familias, ya que, por ejemplo, en los cementerios de la capital, concretamente en San José, y en el de la barriada de El Alquián, la renovación de nichos para adultos por un periodo de cinco años oscila desde los 65,31 euros en la quinta fila hasta los 317,64 euros si la unidad de enterramiento se encuentra en la cotizada segunda fila. Si se opta por asegurar el espacio a largo plazo mediante concesiones temporales por cincuenta años en estos mismos recintos, los importes se elevan de forma drástica, alcanzando los 1.423,61 euros en la segunda fila, 1.104,48 euros en la tercera fila y 630,38 euros en la primera fila. Por su parte, aquellos que prefieran la incineración deberán abonar una tarifa general de 301,16 euros por el uso de un columbario en los cementerios municipales.
Más allá del espacio físico, los múltiples servicios complementarios y licencias también se encuentran rigurosamente tarifados y repercuten en el coste final. Las licencias para inhumaciones de cadáveres, restos o cenizas procedentes del propio término municipal de Almería conllevan un pago de 136,04 euros, una cifra que paradójicamente se reduce a la mitad, situándose en 68,01 euros, si los restos proceden de otro término municipal exterior. Quienes posean panteones familiares y deseen acometer obras deberán abonar una cuota fija de 1.390,15 euros por una licencia de construcción, mientras que una licencia de reforma asciende a 601,19 euros. Asimismo, las familias deben hacer frente al mantenimiento regular, que para nichos y sepulturas tiene un coste estipulado de 53,84 euros cada cinco años.
Para intentar amortiguar este duro impacto en los sectores más desfavorecidos, la normativa contempla exenciones totales para personas en situación de vulnerabilidad social debidamente acreditada, cubriendo conceptos básicos como el traslado en coche fúnebre, el sudario, el féretro, el depósito en cámara frigorífica y el enterramiento en un nicho de quinta fila por cinco años. Adicionalmente, el texto ampara una reducción transitoria del 30 por ciento en las concesiones de nichos reutilizables de cuarta y quinta fila del cementerio de San José y Santa Adela, un descuento aplicable desde la aprobación de la tasa y que se mantendrá vigente exclusivamente hasta agotar las existencias.
Toda esta nueva estructura de costes tiene su base administrativa en la revisión de tarifas que, según precisa la propia ordenanza, procedía efectuar una vez transcurridos dos años desde la formalización del contrato para lograr adecuar las cuantías a la evolución de los costes de los servicios prestados. Sin embargo, la interpretación de este mecanismo legal fue el eje central de las críticas durante la tensa sesión plenaria.
El portavoz de Vox, Francisco Rojas, denunció lo que catalogó como una modificación encubierta del contrato, exponiendo que los pliegos originales preveían una revisión periódica a los dos años, sin hacer mención a una periodicidad anual. Rojas criticó duramente que un informe técnico del pasado mes de febrero reinterpretara estos pliegos para fijar la revisión anual, advirtiendo que esto encarece de forma directa e inmediata el servicio para los vecinos y podría determinar la invalidez de todo el acuerdo adoptado.
En la misma línea de rechazo, el concejal Raúl Enríquez, en representación del PSOE, argumentó que la subida del 4,87 por ciento se sitúa muy por encima del índice de precios al consumo y traslada erróneamente a los ciudadanos los costes salariales del nuevo convenio colectivo de la empresa, un gasto que, a su juicio, debería ser asumido en exclusiva por la contratista. Además, Enríquez no dudó en recordar ante el plenario que la mercantil concesionaria se encuentra inmersa en un procedimiento judicial activo tras ordenarse la práctica de nuevas diligencias.
Frente a este aluvión de reproches y dudas, el equipo de gobierno del PP, a través de su portavoz Sagrario Sánchez, defendió a ultranza que la actualización aprobada cumple escrupulosamente con la legalidad vigente, los pliegos técnicos y la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como ampara la firma en el documento oficial de la concejal delegada, Sacramento Sánchez Marín. La representante popular aclaró que el documento original de adjudicación contenía un mero error material al no especificar con exactitud la temporalidad de la revisión, un defecto que fue subsanado legalmente en noviembre de 2025 para permitir esta actualización tarifaria. Justificó igualmente que la fórmula matemática de revisión de precios incluida en el contrato sí incorpora explícitamente el coste de la mano de obra, lo que explica técnica y legalmente que la variación supere el nivel general de los precios al consumo. Finalmente, en relación con las alusiones a los tribunales, Sánchez zanjó la polémica recordando de forma tajante que ni el Ayuntamiento de Almería ni sus máximos representantes políticos figuran como imputados en la causa mencionada, aportando un auto de sobreseimiento dictado a principios de 2024 y exigiendo un mayor rigor a la oposición. La nueva y controvertida norma funeraria entrará en vigor de forma plena una vez sea publicada en el boletín oficial provincial y transcurra el plazo estipulado en la legislación de régimen local.