La resolución judicial sobre el destino de los restos mortales del pequeño Lucas, fallecido el pasado mes de diciembre en el municipio de Garrucha, se encuentra en un punto crítico. La representación legal de J.D.R.C., el hombre que permanece bajo investigación por este presunto asesinato, ha formalizado un recurso contra la petición del abuelo materno para proceder al entierro del menor. El argumento central de la defensa es la necesidad imperativa de salvaguardar muestras biológicas que permitan realizar un análisis independiente sobre el estado físico del niño antes de su muerte.

El letrado Manuel Martínez Amate, quien ejerce la defensa del varón —cuya pareja y madre de la víctima también está siendo investigada en la causa—, ha puesto bajo sospecha la rotundidad de las conclusiones enviadas por el Instituto de Medicina Legal. Según el abogado, existen fisuras en el informe forense referentes a las supuestas lesiones antiguas que presentaba el niño. Para sostener esta tesis, alude a las declaraciones de diversos profesionales del ámbito educativo que interactuaron con el menor los días 28 y 29 de abril, quienes afirmaron no haber detectado señales de violencia o hematomas en las fechas en las que el informe oficial sugiere que ya se habían producido.

Ante lo que la defensa califica como una discrepancia científica evidente entre los testimonios presenciales y los resultados de la autopsia, se ha solicitado una intervención mínima sobre el cuerpo antes de que reciba sepultura. La petición concreta consiste en la extracción y conservación de tejidos orgánicos y de un hueso largo o costilla, elementos que consideran vitales para determinar con exactitud cronológica si existieron agresiones anteriores al fatídico desenlace en esta localidad de Almería.

Desde el entorno legal del investigado se subraya que, aunque se comprende perfectamente el sufrimiento de los familiares, el derecho a una defensa justa y a la libertad de un ciudadano acusado de delitos de extrema gravedad debe prevalecer sobre la rapidez del sepelio. Aseguran que no existe una intención de retrasar el proceso de forma injustificada, sino de evitar la pérdida irreversible de la única prueba que podría exculpar al detenido de los cargos de malos tratos habituales que pesan sobre él.