Hay fenómenos paranormales que desafían la lógica del tiempo y el espacio, y luego está la capacidad de Fernando Simón para comparecer ante los micrófonos y activarnos el sistema de alerta temprana de desastres. Para cualquier residente en la provincia de Almería, acostumbrado a que el levante sople con más fuerza que las inversiones del Estado, volver a escuchar la voz pausada del actual Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) produce un escalofrío similar al de encontrarse un invernadero sin plástico tras una granizada, e induce a correr al Mercadona más próximo a comprar papel higiénico.
Dice el refranero que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero en el caso de la gestión de emergencias en España, parece que nos hemos encariñado con el peñasco. Corría el mes de enero de 2020 cuando aquel mismo rostro nos aseguraba que el Estado no tendría más allá de «algún caso diagnosticado» de COVID-19 y que el riesgo de transmisión sería insignificante. El resultado de aquel vaticinio de pitonisa de madrugada fueron más de 130.000 fallecidos, según las cifras que el exceso de mortalidad y los registros civiles han ido goteando sobre el asfalto de la realidad.
La hemeroteca, ese lugar tan hostil para los políticos y sus técnicos de confianza, también nos recuerda la coreografía de las mascarillas. Fernando Simón pasó de afirmar que no eran necesarias para la población sana a confesar meses después, con la naturalidad de quien comenta el precio del kilo de tomate en el Mercado Central, que se dijo aquello porque sencillamente no había suministros. Una gestión de la verdad tan elástica que haría palidecer a cualquier contorsionista.
Ahora, con el calendario marcando mayo de 2026, el virus del hanta asoma el hocico en un crucero y Fernando Simón recupera su traje de repartidor de calma. Ha sentenciado que no hay riesgo alto para el Estado y que no debemos preocuparnos. Sin embargo, la sombra de la duda ha tardado menos en cruzar la península que un tren de alta velocidad llegando a Almería, pues al día siguiente ya teníamos un caso bajo sospecha en Alicante. Es superior a nuestras fuerzas: cuando el director del CCAES dice que no pasará nada, empezamos a revisar las existencias de gel hidroalcohólico por puro instinto de supervivencia.
Lo más fascinante de este eterno retorno no es solo el personaje, sino la estructura que supuestamente lo sostiene. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos vendió durante lo peor de la crisis sanitaria la existencia de un comité de expertos independiente que guiaba cada paso de la desescalada. Al final, resultó que el comité eran los padres, o mejor dicho, eran los propios técnicos del Ministerio de Sanidad cuya identidad se ocultó con más celo que la fórmula de la Coca-Cola para, supuestamente, evitarles presiones. Un comité fantasma para una transparencia de cristal opaco.
Y mientras la realidad nos golpea con nuevas amenazas biológicas, la famosa Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) sigue siendo ese unicornio burocrático que nunca termina de pastar en nuestros boletines oficiales. Se prometió su creación para que no nos pillara el toro otra vez, se aprobó el proyecto de ley hace ya un par de años tras mil demoras, pero aquí seguimos, en 2026, esperando a que el Estado levante un organismo que gestione pandemias con algo más que optimismo antropológico. Han pasado seis años desde que el mundo se detuvo y la sensación de que no se ha aprendido nada es tan nítida como el perfil de la Alcazaba un día sin calima.
Confiar en la tranquilidad que transmite Fernando Simón requiere hoy un acto de fe que ni el más devoto de los almerienses podría procesar. En una provincia que sabe bien lo que es buscarse la vida mientras en Madrid se dibujan mapas sobre despachos, el regreso mediático del epidemiólogo no es una señal de orden, sino el preámbulo de la incertidumbre. Porque en este país, a veces, la mayor emergencia sanitaria es la memoria.