En una visita estratégica a Almería, Antonio Maíllo, líder de la coalición Por Andalucía, ha desgranado su plan de choque para erradicar las irregularidades en la gestión pública. La pieza central de su programa es una Ley Integral de lucha contra la corrupción que busca, por primera vez, igualar ante la ley tanto a quienes reciben los sobornos como a quienes los ofrecen. El candidato ha enfatizado que esta normativa será implacable, impidiendo que las compañías implicadas vuelvan a licitar con la Junta de Andalucía y obligando a los responsables a responder con su patrimonio personal hasta devolver el último céntimo.
Durante un encuentro ciudadano en el que estuvo acompañado por María Jesús Amate y Raquel Martínez, Maíllo vinculó directamente la convocatoria electoral anticipada con la situación judicial en la provincia. Según el representante de la izquierda transformadora, el adelanto decidido por el PP buscaba evitar que la campaña coincidiera con las declaraciones judiciales por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario en la Diputación de Almería.
"Lo importante de la corrupción es qué respuesta hay que dar. Y la respuesta que hay que dar es limpiar la administración de prácticas corruptas y alejar a los corruptores que incitan a esa práctica corrupta", subrayó Maíllo, calificando de "escandaloso" que, hasta ahora, el trato legal no haya sido equivalente para todas las partes involucradas en estos delitos.
Más allá de la regeneración institucional, el candidato apeló al voto útil de los trabajadores del campo almeriense. Maíllo cuestionó la postura del PP y Vox en Bruselas, acusándoles de respaldar acuerdos comerciales como Mercosur que perjudican a la producción local. Como alternativa, propuso la creación de un banco público de agua para asegurar el futuro de las explotaciones agrícolas frente a la sequía y la falta de infraestructuras.
En materia social, Maíllo fue especialmente crítico con la gestión migratoria, denunciando que en el Ayuntamiento de Almería se encuentran bloqueados más de un millar de expedientes de regularización. A su juicio, esto demuestra que el actual presidente andaluz "es Vox con sonrisa", al aplicar políticas que frenan la integración de quienes contribuyen a la economía regional. Finalmente, hizo un llamamiento a blindar la sanidad pública, argumentando que la pérdida de calidad en los servicios afecta con mayor dureza a las clases populares, un sector que solo una izquierda decidida puede proteger frente a la "privatización acelerada".