La caída de Obrascampo fue una de las imágenes más simbólicas del estallido de la burbuja inmobiliaria en Almería. Durante años, el grupo empresarial fue presentado como uno de los grandes motores del urbanismo provincial, una compañía que levantaba promociones, urbanizaciones, infraestructuras y movimientos de tierra a gran escala mientras expandía su actividad por distintos municipios de la provincia. Su nombre aparecía asociado a promociones inmobiliarias, obra civil y grandes operaciones urbanísticas en plena época del ladrillo. Pero tras aquella expansión acelerada quedó una compleja maraña de sociedades, deudas millonarias, procedimientos judiciales y causas penales que todavía siguen generando consecuencias casi dos décadas después.
Ahora, una nueva fase judicial vuelve a poner el foco sobre el grupo. Más de 20 millones de euros en fincas vinculadas a Obrascampo salen a subasta dentro de un procedimiento judicial que busca responder a las deudas acumuladas por la mercantil. En concreto son 20.225.046,19 los euros reclamados, pero salen a subasta por 8.129.985,65 euros. La operación supone otro episodio en la larga agonía de una empresa que llegó a ser una de las constructoras más relevantes de la provincia y cuyo derrumbe dejó tras de sí acreedores, procedimientos concursales y una importante deuda con la Hacienda Pública.
Según consta en documentación judicial incorporada al procedimiento de ejecución hipotecaria EH nº 845/2019, tramitado por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Almería Plaza nº 7, la representación procesal de SAREB ha comunicado al juzgado la localización concreta de las fincas afectadas por la ejecución. El escrito, fechado el 13 de abril de 2026, identifica como dirección de las parcelas la calle Gerona número 4 de Níjar y añade un listado con referencias catastrales e identificadores registrales de las propiedades afectadas. El documento forma parte de las actuaciones derivadas de la ejecución contra Obrascampo SL.
La aparición de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la conocida Sareb, en este procedimiento resulta especialmente significativa. La denominada “banca mala” heredó durante la crisis financiera numerosos activos inmobiliarios y créditos tóxicos vinculados al estallido de la burbuja inmobiliaria. Y Obrascampo, como tantas grandes promotoras y constructoras de la época, acabó atrapada precisamente en ese colapso financiero e inmobiliario.
La historia de Obrascampo es también la historia de una parte del modelo económico que dominó Almería y buena parte de España durante los años del boom inmobiliario. La compañía experimentó un fuerte crecimiento durante los años previos a la crisis de 2008, cuando el crédito fluía con facilidad y las promociones inmobiliarias parecían no tener techo.
En aquellos años, el grupo mantenía una importante presencia publicitaria y comercial en la provincia. Su actividad se extendía desde promociones residenciales hasta movimientos de tierras y operaciones urbanísticas de gran volumen. La empresa llegó a convertirse en uno de los nombres más conocidos del sector de la construcción en Almería.
Sin embargo, el modelo comenzó a resquebrajarse con la llegada de la crisis financiera internacional y el hundimiento del mercado inmobiliario. Ya en 2008 comenzaron a aflorar las primeras señales de alarma. Diversas informaciones periodísticas apuntaban entonces a tensiones de tesorería, impagos y problemas con proveedores.
Uno de los episodios más significativos se produjo cuando el Grupo Otto, vinculado al sector de áridos, promovió actuaciones judiciales relacionadas con sociedades del entorno de Obrascampo por importantes cantidades impagadas. Aquellos movimientos sacaron a la superficie las enormes dificultades económicas que atravesaba el conglomerado empresarial.
Las informaciones publicadas entonces describían una situación extremadamente delicada para numerosos pequeños proveedores, pendientes del cobro de materiales, servicios y suministros. En el sector de la construcción almeriense comenzaba a asumirse que uno de los gigantes locales estaba entrando en una espiral financiera muy difícil de contener.
Pero el deterioro económico no fue el único problema que terminó cercando a la empresa. Con el paso de los años, las investigaciones de la Agencia Tributaria y de Vigilancia Aduanera fueron revelando una presunta operativa societaria mucho más compleja.
En enero de 2016 trascendió que Hacienda ya disponía de los informes elaborados por Vigilancia Aduanera sobre el entramado empresarial vinculado a Obrascampo. Aquellas diligencias, desarrolladas durante más de un año, analizaban miles de operaciones económicas, movimientos de capitales y documentación intervenida en registros.
Los investigadores pusieron el foco sobre un entramado de sociedades y operaciones financieras que, presuntamente, habría servido para ocultar patrimonio y eludir obligaciones tributarias. El caso terminó desembocando en un procedimiento penal de gran envergadura.
La situación alcanzó uno de sus puntos culminantes en julio de 2019, cuando la Audiencia Provincial de Almería condenó al fundador de Obrascampo, Antonio José Pérez Torres, por delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
La sentencia consideró acreditada la existencia de una deuda con Hacienda cercana a los 14,8 millones de euros correspondiente al ejercicio de 2015. Según el fallo judicial, el entramado empresarial habría desarrollado operaciones destinadas a despatrimonializar sociedades del grupo y dificultar la acción de los acreedores, especialmente la Agencia Tributaria.
La resolución judicial describía una compleja estructura societaria mediante la cual se habrían ocultado fondos y bienes a través de empresas interpuestas. La Audiencia Provincial también hacía referencia a operaciones de transmisión patrimonial y movimientos bancarios destinados, presuntamente, a sustraer recursos económicos del alcance de Hacienda.
La condena incluyó penas de prisión y cuantiosas multas económicas. Además del empresario principal, otros acusados también fueron condenados en relación con la operativa investigada.
La dimensión de la deuda tributaria fue uno de los elementos que más impacto causó en el procedimiento judicial. Los tribunales situaron la deuda de Obrascampo con la Hacienda Pública en cerca de 14,8 millones de euros, una cifra que evidenciaba el enorme deterioro financiero de la compañía.
Aquella deuda no surgió de manera repentina. La sentencia recogía operaciones realizadas entre 2009 y 2014, coincidiendo precisamente con los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando muchas constructoras y promotoras comenzaron a intentar sobrevivir mediante refinanciaciones, ventas apresuradas de activos y complejas operaciones mercantiles.
El caso de Obrascampo terminó convirtiéndose en uno de los procedimientos más relevantes de Almería relacionados con delitos económicos vinculados al sector inmobiliario tras la crisis financiera.
La empresa, que durante años simbolizó el crecimiento urbanístico y constructor de una parte de la provincia, acabó asociada a investigaciones sobre fraude fiscal, blanqueo e insolvencia punible.
La situación concursal y judicial de las sociedades vinculadas a Obrascampo se prolongó durante años. El estallido de la crisis dejó tras de sí un enorme volumen de activos inmobiliarios, créditos impagados y procedimientos abiertos.
En España, los concursos de acreedores se multiplicaron tras el colapso inmobiliario. Constructoras, promotoras y empresas auxiliares del sector se vieron atrapadas por un modelo basado en un crecimiento permanente del crédito y del valor del suelo.
En Almería, la caída de algunas de las empresas más conocidas del sector tuvo un fuerte impacto económico y social. Obrascampo fue una de las más emblemáticas debido a su tamaño, notoriedad pública y volumen de operaciones.
La liquidación progresiva de activos inmobiliarios y parcelas se ha convertido desde entonces en una constante dentro de muchos procedimientos judiciales derivados de aquellas quiebras. Las subastas buscan recuperar parte de las cantidades adeudadas a entidades financieras y acreedores.
El nuevo procedimiento judicial vuelve a situar el foco sobre el patrimonio inmobiliario ligado al grupo. La ejecución hipotecaria en marcha afecta a un importante conjunto de fincas ubicadas en Níjar.
La documentación presentada ante el Tribunal de Instancia de Almería concreta la localización de las parcelas en la calle Gerona número 4 del municipio nijareño. El escrito judicial incorpora además referencias catastrales e identificadores registrales de las propiedades objeto de ejecución.
El valor conjunto de las fincas supera los ocho millones de euros, según la información vinculada al proceso de subasta.
La operación representa un nuevo intento de dar salida a activos inmobiliarios que permanecían atrapados en el complejo entramado judicial derivado del hundimiento del grupo constructor.
Níjar fue precisamente uno de los municipios donde el desarrollo urbanístico experimentó una fuerte expansión durante los años del boom inmobiliario. Como ocurrió en otros puntos de la provincia, numerosas promociones y proyectos quedaron afectados por la crisis económica y el desplome del sector.
La historia de Obrascampo resume buena parte de los excesos que marcaron los años previos a la crisis financiera. Empresas constructoras convertidas en gigantes en apenas unos años, expansión acelerada basada en crédito, crecimiento inmobiliario continuo y una fuerte dependencia del mercado del suelo.
Cuando el modelo se desplomó, muchas compañías quedaron atrapadas entre deudas imposibles de asumir, promociones paralizadas y procedimientos judiciales que todavía siguen abiertos años después.
En el caso de Obrascampo, al hundimiento económico se añadieron además las investigaciones penales y tributarias. La compañía pasó de ser una de las firmas constructoras más conocidas de la provincia a protagonizar uno de los procedimientos más relevantes relacionados con delitos económicos en Almería.
Ahora, casi dos décadas después de que comenzaran a aflorar los primeros síntomas de crisis, las subastas de activos continúan reflejando las consecuencias de aquel colapso.
Las fincas que salen ahora a subasta representan mucho más que un conjunto de parcelas valoradas en millones de euros. Son también el rastro material de una época de expansión inmobiliaria descontrolada cuyo final todavía sigue dejando procedimientos abiertos, activos pendientes de liquidación y deudas por resolver.
Fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje incluyen documentación judicial del procedimiento EH nº 845/2019 tramitado en Almería, así como informaciones publicadas a lo largo de los años por distintos medios de comunicación provinciales y nacionales sobre la evolución empresarial, judicial y fiscal del grupo Obrascampo.