Según una información publicada por el periodista Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se ha convertido en un punto clave dentro de las investigaciones que rodean a la denominada trama SEPI. Un testigo presencial ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que detalla que María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno de España y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía para los comicios del próximo 17 de mayo, mantuvo una relación de pareja con Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en un hotel de la provincia de Almería durante el verano de 2021. Esta revelación contradice frontalmente las declaraciones realizadas por Montero en el Congreso de los Diputados, donde aseguró de forma tajante no haber tenido ningún tipo de contacto, ni personal ni profesional, ni siquiera a través de aplicaciones de mensajería o amigos comunes, con Fernández desde que este fuera cesado de su cargo en octubre de 2019.
El relato del testigo, al que ha tenido acceso el citado medio de comunicación, sitúa los hechos en el Hotel Las Salinas, ubicado en primera línea de playa en La Almadraba de Monteleva, dentro del término municipal de Almería. Según la denuncia, el encuentro se produjo entre el 16 y el 19 de agosto de 2021, periodo durante el cual la actual candidata socialista y el exdirigente de la SEPI habrían compartido las instalaciones hoteleras, el paseo marítimo y la playa frente al establecimiento mostrando una actitud de pareja normal y corriente a la vista del resto de los huéspedes. El denunciante ha manifestado que su motivación para poner estos hechos en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado radica en el deber ciudadano de desmentir las afirmaciones públicas de Montero, quien ha negado cualquier relación con un investigado que fue arrestado el pasado mes de diciembre de 2025 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de una operación contra la corrupción.
La situación procesal de Vicente Fernández es compleja, habiendo sido considerado en su momento la mano derecha de Montero durante su etapa en la Junta de Andalucía antes de su salto a la política del Estado español. Aunque la denuncia sobre la estancia en Almería fue inicialmente archivada al no apreciarse un delito directo en el hecho de compartir unas vacaciones, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analiza ahora estos datos para profundizar en un presunto delito de tráfico de influencias que podría salpicar a la dirección del PSOE. Los investigadores han acreditado la existencia de un grupo de comunicación interna donde Fernández y otros implicados negociaban supuestamente comisiones ilegales y utilizaban sus influencias en el Ministerio de Hacienda y en el de Transición Ecológica para amañar contratos públicos. Se estima que estas maniobras habrían afectado a al menos cinco contratos con un valor total de 132.955.664 euros, bajo una causa que permanece bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.
La implicación de figuras vinculadas a la provincia y la relevancia de los entornos naturales de Almería como escenario de estos encuentros añaden una capa de impacto local a un caso de dimensión estatal. La trayectoria de Vicente Fernández incluye haber ocupado el puesto de interventor general de la Junta de Andalucía y haber sido procesado anteriormente en otras causas, como el caso Aznalcóllar, de la que resultó absuelto. Sin embargo, su reciente detención junto a otros empresarios y cargos vinculados al entorno del partido en el poder, sumado a las pruebas que sugieren una vinculación estrecha con la candidata Montero en fechas posteriores a lo admitido oficialmente, mantiene el foco de la justicia sobre las adjudicaciones y subvenciones públicas otorgadas a empresas como SEPI, ENUSA o Mercasa, en las que la trama habría intervenido para influir en las resoluciones.