La provincia de Almería continúa ampliando su red de alojamiento protegido para responder a las necesidades residenciales de sus ciudadanos. En esta ocasión, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Dolores Martínez, se ha desplazado hasta Taberno para supervisar el arranque de los trabajos de edificación de dos nuevos inmuebles. Estas viviendas estarán enfocadas específicamente al arrendamiento con precios limitados o fines sociales.

Este proyecto cuenta con una subvención global de 100.000 euros, lo que supone una inversión de 50.000 euros por cada unidad habitacional, otorgada de forma directa y excepcional al consistorio local. El objetivo principal de esta iniciativa es robustecer el inventario público de inmuebles que, además de ser accesibles económicamente, cumplan con estrictos estándares de eficiencia energética. Las futuras construcciones se localizan en enclaves estratégicos del núcleo urbano, concretamente en la Plaza de los Niños y en la Avenida de la Libertad.

La normativa que regula este tipo de promociones establece que las casas deberán mantenerse bajo el régimen de alquiler durante un periodo mínimo de medio siglo. Asimismo, los beneficiarios finales deben ser personas que establezcan en ellas su residencia habitual y permanente, dándose preferencia en el proceso de adjudicación a aquellas familias o individuos que presenten una mayor vulnerabilidad o necesidad social.

En cuanto a la financiación y gestión de este tipo de infraestructuras públicas, la administración regional contempla ayudas que pueden alcanzar los 700 euros por metro cuadrado útil, siempre bajo la titularidad de organismos o empresas públicas. Además, las rentas mensuales que pagarán los inquilinos estarán vinculadas a las categorías de protección oficial ya establecidas, garantizando que el coste del hogar sea siempre proporcionado a los ingresos de los usuarios.

Finalmente, el programa subraya el compromiso medioambiental de las nuevas edificaciones en Taberno. Todas las construcciones financiadas bajo este marco legal deben acreditar un bajo consumo de energía primaria no renovable, adaptándose a las condiciones climáticas de la zona. Estas subvenciones son, además, compatibles con otras fuentes de financiación pública, siempre que la suma total no sobrepase el presupuesto de ejecución de la obra.