La provincia de Almería ha vuelto a manifestar su dolor y preocupación por la imparable escalada de la siniestralidad en los centros de trabajo con la convocatoria de un minuto de silencio. El acto ha servido para honrar la memoria del último trabajador fallecido en la provincia, un mecánico de 44 años que perdió la vida el pasado sábado debido a un traumatismo craneal severo. El fatal desenlace se produjo tras el reventón de un neumático mientras el operario realizaba sus labores en el puerto deportivo de Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar, convirtiéndose en la octava víctima mortal en lo que va de año en la provincia.
Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería, ha calificado la situación de crítica al confirmar que el territorio ya contabiliza ocho fallecimientos en el ejercicio actual. Estas cifras sitúan a Almería como la segunda provincia de toda Andalucía con mayor número de muertes en el trabajo, solo por detrás de Sevilla. Vidal ha remarcado la gravedad de este dato, señalando que la provincia no ostenta el segundo puesto por volumen de población activa, lo que evidencia que el riesgo de morir trabajando en Almería es proporcionalmente más elevado que en otros puntos del Estado español. En el conjunto andaluz, la cifra de personas que han perdido la vida en sus puestos de trabajo asciende ya a 37, un balance que los representantes de los trabajadores consideran inaceptable.
Por su parte, Antonio Rico, secretario general de CCOO, ha ofrecido datos que subrayan una preocupante involución en la seguridad laboral dentro de la provincia de Almería. Según el análisis sindical, los accidentes han experimentado un incremento del 8,4 por ciento, un ritmo de crecimiento que es veinte veces superior al registrado anteriormente. Rico ha hecho especial hincapié en la evolución de los siniestros graves durante el primer trimestre: mientras que el año pasado se contabilizaron ocho accidentes de esta índole en la provincia, este año la cifra se ha elevado hasta los trece, lo que representa un aumento del 62 por ciento. Estos indicadores demuestran, según el portavoz sindical, que la situación en Almería es de una vulnerabilidad extrema para quienes desempeñan su labor profesional.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones sindicales han instado a las administraciones competentes, y de forma directa a la Junta de Andalucía, a que se asigne una dotación económica adecuada y suficiente para la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada de forma reciente. Los sindicatos defienden que solo a través de una inversión real en seguridad y un cumplimiento estricto de la normativa se podrá frenar esta tendencia que está golpeando con especial dureza a las familias de Almería, exigiendo que la prevención pase de ser una declaración de intenciones a una práctica diaria y efectiva en todas las empresas del Estado español radicadas en la provincia.