La gestión sanitaria en la provincia de Almería vuelve a generar controversia tras la denuncia pública realizada por Comisiones Obreras sobre lo que consideran una "nueva externalización" de servicios clave. En esta ocasión, la alerta se centra en la atención de pacientes con múltiples patologías y aquellos que requieren cuidados paliativos, un servicio que, según los acuerdos publicados recientemente, será prestado por centros hospitalarios privados también en las provincias de Sevilla y Jaén.
Desde la Junta de Andalucía han salido al paso de estas críticas negando cualquier proceso de privatización. Fuentes de la administración autonómica sostienen que el objetivo de estos conciertos es contar con un recurso adicional para momentos puntuales y garantizar que ningún paciente se quede sin la atención necesaria. La tesis del Gobierno regional es que el servicio mantiene su naturaleza pública, gratuita y universal, independientemente de que la infraestructura donde se preste sea concertada bajo supervisión clínica oficial.
Sin embargo, el sindicato detalla que entre finales de abril y principios de mayo se han formalizado tres acuerdos marco que permiten la contratación de estos servicios privados por un periodo inicial de dos años, prorrogable a cuatro. En el caso específico de Almería, llama la atención que el acuerdo permite que concurran empresas de provincias o comunidades autónomas limítrofes, una flexibilidad que para los representantes de los trabajadores contrasta con los criterios de cercanía y apoyo familiar que deberían primar en pacientes de alta vulnerabilidad.
La inversión prevista para este plan supera los 28 millones de euros. Según los informes que maneja la organización sindical, el argumento esgrimido para estas contrataciones es la carencia de suficientes camas e infraestructuras en el sector público. Desde CCOO lamentan que se recurra a entidades privadas incluso para etapas tan sensibles como el final de la vida, pagando hasta 215 euros diarios por plaza a los centros concertados, mientras se dispone de personal especializado que podría asumir estas funciones si se reforzaran los medios propios.
Esta situación reabre el debate sobre la gestión de la sanidad en Almería, donde la falta de espacio físico en los hospitales públicos está derivando, según el sindicato, en una pérdida de la calidad asistencial y en un desvío constante de fondos hacia la sanidad privada en detrimento de la inversión en infraestructuras de la Junta de Andalucía.