La seguridad en las costas de Almería vuelve al primer plano del debate político nacional. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha denunciado este viernes que el actual Ejecutivo central no está respondiendo con la contundencia necesaria ante el desafío de las mafias, tras producirse un nuevo incidente en el que una narcolancha ha embestido a una patrulla de la guardia civil en el litoral almeriense.
Sémper, que ha participado en un acto electoral en tierras onubenses, ha alertado sobre la expansión de las redes criminales que operan desde Almería hasta Huelva, extendiendo su influencia incluso hacia territorio portugués. Según el dirigente popular, el Ministerio del Interior no se encuentra "a la altura del inmenso reto que enfrentamos", lo que obliga a plantear un cambio de estrategia integral en la lucha contra el crimen organizado.
En caso de que Alberto Núñez Feijóo asuma la presidencia del Gobierno, el PP se compromete a declarar como "profesión de riesgo" la labor que desempeñan los agentes de la guardia civil, una reivindicación histórica del colectivo que los populares consideran de estricta justicia. Además, el plan de seguridad contempla la reinstauración inmediata del Oconsur, la unidad de élite especializada en combatir el tráfico de sustancias ilícitas que fue desmantelada anteriormente.
La reforma legislativa será otro de los pilares de esta alternativa. Sémper ha avanzado un endurecimiento del Código Penal para que cualquier homicidio o asesinato relacionado con este ámbito, así como el tráfico de droga a gran escala, conlleve castigos mucho más severos. Asimismo, ha propuesto que todos los delitos de esta índole sean centralizados y juzgados en la Audiencia Nacional para garantizar una mayor eficacia judicial.
El representante del PP ha querido dotar a sus palabras de una carga emocional, recordando que su defensa de la Benemérita trasciende lo ideológico. Sémper ha recordado que fue precisamente este cuerpo de seguridad el que evitó que fuera víctima de un atentado en el pasado, lo que refuerza su determinación de apoyar a los agentes "en cualquier circunstancia".
La propuesta también incluye una mayor vigilancia sobre las fronteras para evitar la entrada de narcolanchas y la protección reforzada de los funcionarios de prisiones, quienes a menudo sufren las consecuencias del control y las amenazas que estas organizaciones intentan inocular en las instituciones. "Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se merecen un respeto de todos los ciudadanos, pero especialmente de los dirigentes políticos", ha concluido de forma tajante.