La presión fiscal sobre los habitantes de Almería vuelve a intensificarse tras la aprobación en el Pleno municipal de un incremento adicional del 5% en la tarifa del suministro de agua. Este repunte se añade al severo aumento del 35% aplicado el año anterior, consolidando un castigo económico para los hogares que se acumula a las revisiones alza de otros tributos esenciales como la tasa de recogida de residuos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los precios públicos por el uso de complejos deportivos y cementerios.
Desde las filas del PSOE, su portavoz Fátima Herrera ha calificado la medida como un duro varapalo para las economías familiares, argumentando que los ciudadanos soportan cargas desproporcionadas en comparación con la contraprestación que reciben, tildando la calidad de las prestaciones públicas de insuficientes.
La representante socialista censuró que los usuarios tengan que financiar conceptos que, a su juicio, tendrían que correr a cargo de las arcas municipales, tales como el coste derivado del bono social o la gestión de los lodos de depuración. No obstante, el punto de mayor fricción reside en la denuncia de que la compañía adjudicataria del servicio, Aqualia, mantiene congelado el abono del canon institucional desde el año 2018.
Según los datos aportados por la edil, la entidad privada genera un volumen de negocio anual que roza los 32 millones de euros en la capital. Herrera reprochó directamente la gestión de los representantes del PP, señalando que se está permitiendo un desequilibrio donde el capital que deja de ingresar la corporación por parte de la empresa termina siendo sufragado de manera indirecta por los propios contribuyentes.
Por último, el análisis de la formación de la oposición apunta a una falta de actualización técnica en la planta desaladora de la localidad, cuyas instalaciones arrastrarían dos décadas sin recibir las inversiones necesarias para optimizar su rendimiento. Esta supuesta carencia en las infraestructuras provoca un encarecimiento en el proceso de obtención de agua apta para el consumo que se traslada de forma directa a los recibos de la población, motivo por el cual han instado al ejecutivo liderado por María Vázquez a reclamar las deudas pendientes de la concesionaria en lugar de recurrir sistemáticamente al bolsillo ciudadano.