La resaca electoral del pasado 17 de mayo nos ha dejado el habitual festival de análisis empaquetados. Fue especialmente curioso sintonizar los grandes platós de televisión madrileños durante el recuento de los comicios al Parlamento: mesas repletas de tertulianos que jamás han pisado el sur peninsular más allá de darse un baño en Cabo de Gata, visitar al Feria de Sevilla o bañarse en los Caños de Meca. Me resulta interesante escuchar como nos psicoanalizan como si estuviéramos ante el comportamiento exótico de una reserva india. De entre todos los mantras corporativos que nos intentan colocar desde el centro del Estado, el más divertido es, sin duda, el que proclama el glorioso "retorno del andalucismo político" encarnado en Adelante Andalucía.
Conviene ser rigurosos con la genealogía antes de que la propaganda reescriba la historia reciente de la Comunidad Autónoma. Lo que hoy lidera José Ignacio García no nació de una mística asamblea regionalista como la de Ronda o la de Córdoba, sino de un ruidoso divorcio en los despachos madrileños de Podemos. Cuando Teresa Rodríguez, procedente de Anticapitalistas, se percató de que la dirección de Pablo Iglesias mimaba la identidad propia de En Comú Podem en Cataluña o pactaba de igual a igual con Compromís en la Comunidad Valenciana, mientras que a la delegación del sur la despachaba como a peones de brega sin voz propia ni autonomía, llegó el enfado.
Un berrinche comprensible, desde luego. Pero el barniz andalucista no brotó de una súbita revelación identitaria, sino de la urgente necesidad de dotar de contenido a una marca recién escindida para asegurar su supervivencia. Aún se recuerda en el Parlamento de Andalucía la agria batalla campal por las cuentas bancarias y los recursos del grupo parlamentario entre la facción de Teresa Rodríguez e Izquierda Unida. Los principios políticos siempre lucen mucho más sugerentes si vienen respaldados por la titularidad de la asignación presupuestaria líquida.
Para calibrar el peso real de este supuesto andalucismo "pata negra", y supuestamente tan opuesto al andalucismo de Juanma Moreno... o el del PSOE, o el de Por Andalucía, basta con escuchar con atención sus discursos. Resulta insólito que en el repertorio de Adelante Andalucía no se escuche una sola vez calificar a este territorio como una nación o un país, como tampoco lo hacen ninguno de los otros partidos que también se autodefinen "andalucistas".
Prefieren coquetear con conceptos mucho más etéreos y flotantes como la "soberanía", un término burdamente calcado del léxico de Esquerra Republicana de Catalunya o de Junts, pero desprovisto de su destino final. No defienden la independencia, ni proponen un modelo confederal o federal articulado de forma clara para el Estado. Es pura improvisación discursiva aderezada con un preocupante desconocimiento de la Transición, de la que solo parecen haber heredado las flagrantes falsedades oficiales que el PSOE distribuyó durante décadas sobre el proceso autonómico.
La gran paradoja se consuma en la aritmética parlamentaria resultante de las urnas. Tras presentarse durante la campaña como el azote incorruptible de las viejas siglas, el propio José Ignacio García admitió con total naturalidad que tardaría exactamente cinco minutos en ponerse de acuerdo con María Jesús Montero para facilitarle la presidencia de la Junta de Andalucía si las matemáticas lo permitiesen. ¿Dónde quedaron las feroces diatribas que Teresa Rodríguez lanzaba contra el régimen socialista de Susana Díaz o la gestión de la propia María Jesús Montero cuando controlaba las finanzas andaluzas? Al parecer, la pureza ideológica se evapora en trescientos segundos cuando se trata de aplicar el viejo catecismo de "frenar a la derecha".
Si la presencia de Vox en las instituciones representara un peligro tan apocalíptico para la Comunidad Autónoma, la deducción lógica de un partido verdaderamente preocupado por su sociedad sería ofrecer un pacto de mínimos al Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla para otorgarle estabilidad y evitar que dependa de terceros. Al fin y al cabo, analizando fríamente los datos, nadie ha hecho más por el reconocimiento institucional del proceso autonómico, el reconocimiento de Blas Infante y la asimilación de los símbolos andaluces en los últimos treinta años que el propio Juanma Moreno.
Pero a la izquierda rupturista no le interesa el futuro del tejido productivo ni el bienestar de Andalucía; lo que buscan con ahínco es empujar al Partido Popular a los brazos de Vox para desgastar sus siglas de cara a las próximas citas municipales o generales del Estado.
Esa supuesta vocación de consenso y fraternidad "regional" choca frontalmente con la cruda realidad de sus actos. Es conocida la soberbia con la que José Ignacio García despachó las ofertas de acuerdo de Coalición Andaluza y de los representantes de Andalucía Por Sí, a quienes ni se dignó a responder, exhibiendo una prepotencia insultante hacia cualquier otra corriente que no emane de su propio ombligo político. Una arrogancia que se traslada también a su puesta en escena mediática. Venden la política de la "sonrisa", pero cualquiera que siga las sesiones plenarias sabe perfectamente que el rostro avinagrado, la crispación y la indignación impostada son la verdadera constante parlamentaria del líder jerezano.
Ese desprecio se percibe con especial nitidez en la forma en que el partido se dirige a los ciudadanos en las redes sociales. El lenguaje plano, básico y deliberadamente infantilizado que emplean parece asumir que los habitantes de Andalucía somos incapaces de procesar un argumento complejo. Bajo la excusa de apelar a la clase trabajadora —a los mecánicos, a los albañiles—, el discurso de este líder, que irónicamente es maestro de profesión, destila un clasismo paternalista insoportable. En esta Comunidad Autónoma existe un tejido intelectual, profesional y académico brillante que no necesita que le hablen con monosílabos como si fuera menor de edad.
Toda esta pirotecnia discursiva debería invitar a una profunda reflexión interna, especialmente si albergasen la fantasía de conseguir algún día un escaño útil en Madrid para influir en las decisiones del Estado. Los ciudadanos ya estamos considerablemente saturados de escuchar a supuestos líderes redentores referirse constantemente a este territorio como "esta tierra" o "mi tierra", empleando un lenguaje más propio de terratenientes obsesionados con el catastro que de representantes políticos de una sociedad moderna. Menos romanticismo agrario de postal y más rigor institucional, que para sembrar eslóganes vacíos ya tenemos el cupo cubierto.