Durante años, el relato oficial del partido socialista ha funcionado con la precisión de un mantra sagrado: la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno fue el único gran periodo de la historia reciente libre de toda sospecha de corrupción. Una suerte de oasis ético encajonado entre el tormentoso final de Felipe González y los posteriores descalabros judiciales de Mariano Rajoy. Sin embargo, la realidad suele tener un sentido de la ironía bastante afilado, y el mito de la inmaculada concepción política acaba de saltar por los aires.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de investigar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra fulmina de un plumazo la lírica gubernamental. Ver a los agentes de la UDEF registrando su despacho, de forma simultánea a la inspección de la sede de Whathefav —la empresa de marketing de sus hijas—, ofrece una estampa difícil de encajar en los manuales de santidad partidista.
El auto del juez José Luis Calama no deja demasiado espacio a la imaginación abstracta. Las transcripciones de los mensajes de WhatsApp incluidos en la investigación exudan una familiaridad pasmosa entre los empresarios vinculados a la trama. Expresiones como «nuestro pana Zapatero está detrás» o «lo tiene Grupo Zapatero», intercambiadas entre el cofundador de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el accionista Rodolfo Reyes, revelan que la influencia del exmandatario cotizaba al alza. Si a esto se le añaden los indicios sobre el cobro de comisiones que rondan los dos millones de euros y la presunta orden de crear estructuras offshore en Dubái para canalizar fondos de origen dudoso, el paisaje resultante es cualquier cosa menos idílico.
A la vista de los acontecimientos, parece que el célebre mantra socialista tenía trampa. No es que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero careciera de figuras dispuestas a cruzar la línea; es que, presuntamente, el protagonista principal prefirió esperar a la jubilación para desplegar todo su potencial. Cabe la posibilidad de que, efectivamente, durante sus años en el ejercicio del poder estatal fuera un ejemplo de rectitud, y que haya sido después cuando decidió dedicarse a menesteres más lucrativos y menos confesables. O quizás, quién sabe, simplemente utilizó su estancia en La Moncloa como un fructífero periodo de prácticas, una fase de acumulación de contactos internacionales para luego aplicar el posgrado con matrícula de honor una vez fuera del cargo.
Esta sacudida judicial adquiere un tinte especialmente grotesco si se analiza desde la perspectiva de la provincia de Almería. Hace apenas unos días, durante los mítines centrales de la campaña para las elecciones al Parlamento Andaluz, José Luis Rodríguez Zapatero paseó su figura por tierras almerienses como la indiscutible estrella del cartel. Mientras diversos ministros desfilaban por la provincia con discursos planos, él ejercía de gran valedor moral, apadrinando con autoridad la gestión de Pedro Sánchez y la trayectoria de María Jesús Montero.
Ante tal despliegue de superioridad ética en los escenarios de la provincia, la pregunta surge de manera inevitable: si el expresidente y el propio aparato del partido eran plenamente conscientes de lo que la UDEF venía husmeando en relación con sus conexiones venezolanas, ¿cómo no se les ocurrió ser un poco más comedidos? Un mínimo sentido de la prudencia, o un retiro estratégico a la discreción de los despachos, habría evitado la humillación de exhibirlo como el faro moral del socialismo justo antes de que el mazo de la justicia cayera sobre la mesa. Y María Jesús Montero a voz en grito en un mitin diciendo "quiero ser como tú".
Como era de esperar, ante el vendaval de siglas y registros, se ha activado de inmediato el resorte de la presunción de inocencia. Un derecho fundamental, por supuesto, pero que en la cultura política suele aplicarse con una doble vara de medir escandalosa. Para el dirigente del espectro de enfrente, el veredicto es de culpabilidad inmediata y guillotina pública; para el tótem propio, en cambio, la presunción se defiende con uñas y dientes hasta las últimas consecuencias, transformando el auto judicial en una supuesta cacería.
La historia demuestra que casi ningún presidente ha escapado al lodo de la corrupción mientras ocupaba el sillón. A Felipe González el desgaste lo acogotó en su recta final; José María Aznar vio cómo los sumarios cercaban a su equipo años después; Mariano Rajoy cayó por una moción de censura espoleada por la Gürtel; y Pedro Sánchez directamente ha dinamitado cualquier estándar previo de resistencia institucional en pleno mandato. José Luis Rodríguez Zapatero presumía de ser la anomalía del sistema, el único que cerró la puerta sin reproches penales directos. Ahora resulta que solo era una cuestión de calendario.
Su devaluada y casi mística fijación con Venezuela, que durante años se disfrazó de mediación internacional y defensa de la aerolínea Plus Ultra, encuentra ahora un mapa de carreteras en los juzgados de la Audiencia Nacional. Una intensa relación con el régimen de Caracas que invita a reflexionar sobre si su antiguo socio, Pablo Iglesias, el entonces líder de Podemos, no sería el encargado de abrirle originalmente aquellas lucrativas puertas caribeñas. El mito del gobernante inmaculado se desmorona de golpe, dejando a los ciudadanos de la provincia de Almería y del resto de Andalucía con la sospecha de que la pureza absoluta en política suele ser, la mayoría de las veces, un simple retraso en la investigación penal.