El debate en el Congreso de los Diputados ha puesto el foco en la seguridad de la costa de Almería. Durante la sesión de control al Gobierno, la expansión de las redes vinculadas a la droga y al crimen organizado a lo largo del litoral andaluz, específicamente desde la provincia almeriense hasta la ría de Huelva, se convirtió en el eje de confrontación entre el Gobierno y la oposición. El diputado del PP, Borja Sémper, advirtió sobre el fortalecimiento de estas estructuras criminales, señalando que sus operaciones ya no se limitan al estrecho de Gibraltar, sino que impactan de forma directa a todo el territorio costero de Almería y cuentan con ramificaciones hacia Portugal. Sémper denunció que el crimen organizado se está consolidando ante lo que considera una falta de respuesta eficaz y un bloqueo institucional por parte del Ejecutivo central.
Ante estas afirmaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió con firmeza el desempeño de la guardia civil y los recursos económicos y materiales dispuestos por su ministerio. Marlaska detalló que desde el año 2018, mediante la implementación de cinco planes específicos, se ha movilizado una inversión superior a los 300 millones de euros orientada a combatir estas actividades ilícitas. Este esfuerzo presupuestario ha permitido la adquisición de más de 20 embarcaciones nuevas y diversos medios de autoprotección para los agentes. En el plano de los recursos humanos, el ministro remarcó el refuerzo de las plantillas con la incorporación de 3.500 efectivos, a los que se suman otros 1.500, contrastando esta situación con la pérdida de 1.500 agentes que se produjo durante la gestión del anterior gobierno. Asimismo, puso en valor logros operativos recientes de gran envergadura, entre los que destacó la incautación de más de 30.000 kilogramos de cocaína y múltiples operaciones en alta mar basadas en labores de inteligencia y operatividad conjunta en el Estado español y a escala internacional.
La discusión parlamentaria también abordó las estrategias de organización policial y las condiciones sociolaborales de las fuerzas de seguridad. El representante de la oposición criticó duramente la disolución de la unidad de élite Oconsur y el rechazo a calificar la labor de la guardia civil como una profesión de riesgo, adquiriendo el compromiso de que, si su formación política asume el Gobierno de España, se reinstaurará dicha unidad, se endurecerá el Código Penal y se otorgará dicho reconocimiento laboral. Por su parte, el titular de Interior aclaró que Oconsur fue creada bajo su gestión en septiembre de 2018 y que su posterior integración en las unidades de policía judicial en 2022 respondió a criterios estrictamente técnicos y operativos dictados por los propios mandos profesionales, excluyendo motivaciones políticas. Según los datos defendidos por Marlaska, tras esta reestructuración se ha registrado un incremento de entre el 20% y el 30% en las incautaciones de sustancias ilícitas, lo que avalaría la eficiencia del modelo actual. Finalmente, el ministro rechazó los reproches de desasistencia a los familiares de los agentes caídos en acto de servicio y aseguró que tanto la guardia civil como la policía nacional disponen hoy de mejores remuneraciones, infraestructuras y medios que en etapas precedentes.