La protección a los sectores más indefensos de la sociedad en el ámbito de los tribunales ha dado un paso al frente en la provincia de Almería. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) ha prestado cobertura integral a un total de 352 menores de edad y a 153 personas con diversidad funcional en territorio almeriense, ofreciendo un respaldo que abarca el plano psicológico, legal y social durante todo el camino que conlleva un litigio en los juzgados.
La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, ha supervisado en primera persona las dependencias del SAVA en la capital para conocer al detalle un engranaje multidisciplinar enfocado en blindar los derechos de los usuarios en cada una de las fases del itinerario judicial. Durante este encuentro, Gómez ha puesto en valor el esfuerzo por transformar la administración de justicia en un entorno más empático, incidiendo en que la humanización de las estructuras judiciales es una prioridad absoluta de su departamento, de forma muy señalada en litigios donde se ven involucrados menores, víctimas de agresiones o personas con discapacidad que precisan un amparo institucional ajustado y respetuoso a sus circunstancias.
Bajo esta premisa, la Junta de Andalucía continúa desplegando herramientas periféricas en las sedes judiciales almerienses para consolidar una asistencia cercana y universal. Una de las fórmulas de mayor relevancia en este último año ha sido la realización de 50 pruebas preconstituidas. Este instrumento de la ley penal permite recabar el testimonio de la víctima de forma anticipada y bajo máximas garantías legales, una maniobra esencial para evitar que los afectados tengan que repetir su relato una y otra vez ante diferentes instancias, mitigando de raíz el daño psicológico añadido que supone revivir los hechos. A esta labor se añade la cooperación de la Fundación Márgenes y Vínculos en el uso operativo de las infraestructuras de exploración.
Precisamente, las salas Gesell se consolidan como pilares clave de este ecosistema de protección emocional en la provincia, con instalaciones operativas en Almería, El Ejido y la propia Audiencia Provincial. Estos habitáculos compartimentados permiten que la judicatura, fiscalía, letrados y forenses sigan las declaraciones desde un cuarto contiguo mediante monitorización de vídeo y audio, eludiendo la confrontación visual directa del afectado con el entorno hostil del tribunal y resultando vitales en procesos de violencia de género, agresiones sexuales o delincuencia intrafamiliar. Asimismo, la provincia suma entornos amigables en Berja y zonas de estancia especialmente habilitadas y confortables en demarcaciones como Huércal-Overa, Vera y Roquetas de Mar.
La proyección de estas medidas se extenderá de forma estructural a los nuevos complejos judiciales proyectados en Almería. Las futuras infraestructuras de Roquetas de Mar, cuyas obras se encuentran en fase de ejecución, así como el próximo edificio judicial de Huércal-Overa —en periodo de licitación— y la restauración de la histórica Casa Manchón para albergar los juzgados de Vélez-Rubio, nacerán ya provistas con sus correspondientes salas Gesell y zonas de acompañamiento reservadas. De igual modo, los juzgados previstos para el municipio de Vera, impulsados tras el reciente acuerdo entre la administración autonómica y el consistorio local, se sumarán a este patrón de diseño funcional.
La responsable de la delegación territorial ha concluido remarcando que esta modernización constructiva responde a un patrón judicial de vanguardia y volcado en las personas, que asume las directrices de accesibilidad universal y salvaguarda internacional de la infancia para dar un trato digno a quienes encaran un proceso penal en situación de clara desventaja.