La Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Almería ha hecho pública la notificación de una serie de resoluciones sancionadoras en materia de transportes terrestres que afectan de forma severa a un vecino del municipio de Adra. Los expedientes administrativos confirman la imposición de un total de siete multas a una misma persona física, todas ellas derivadas de denuncias interpuestas en una única jornada, concretamente el 22 de septiembre de 2024. La suma global de las penalizaciones económicas impuestas a este transportista abderitano asciende a 23.609 euros, debido a la acumulación de diversas infracciones de carácter grave y muy grave contra la normativa reguladora del sector.
El grueso de la cuantía económica responde a cinco sanciones catalogadas como muy graves, sancionadas cada una de ellas con un importe de 4.001 euros. Dichas penalizaciones se fundamentan legalmente en la vulneración de diferentes apartados del artículo 140 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). En concreto, el afectado fue sancionado bajo los expedientes AL/01956/2025, AL/02245/2025, AL/02246/2025, AL/02248/2025 y AL/02250/2025, los cuales penalizan de forma severa conductas específicas tipificadas en los apartados de control de tiempos de conducción, descanso o manipulación de los sistemas de registro del vehículo pesado.
A este montante principal se le añaden otras dos sanciones económicas adicionales de menor cuantía, pero de igual relevancia administrativa. Se trata de dos multas de 801 euros cada una, tramitadas a través de los expedientes con referencia AL/02247/2025 y AL/02249/2025. Ambas penalizaciones se emitieron por quebrantar el artículo 141.5 de la LOTT y el artículo 198.6 del ROTT, normativas destinadas a fiscalizar y corregir deficiencias de gravedad media en el transporte por carretera. La acumulación de todas estas actas de infracción en los controles rutinarios realizados en la misma fecha ha provocado que el desembolso total requerido por la administración autonómica suponga un duro varapalo económico para el sancionado.
La publicación formal de este anuncio por parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se ha llevado a cabo tras resultar infructuosos los intentos previos de notificación en los domicilios que constan en las bases de datos oficiales. El documento oficial expedido en la capital almeriense por la delegada territorial, Dolores Martínez Utrera, establece que los afectados disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la propia Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, ubicada en la Plaza Juan del Águila Molina de Almería. En el supuesto de que no se presente dicha impugnación en el periodo establecido, las sanciones adquirirán firmeza de forma definitiva, abriéndose entonces un plazo de quince días para efectuar el pago voluntario antes de que se proceda a su cobro por la vía ejecutiva de apremio.