La administración autonómica ha reactivado la convocatoria de ayudas económicas destinadas a sufragar el suministro de materiales para las obras públicas de los municipios. La Junta de Andalucía inyectará este año un total de 65,7 millones de euros para cofinanciar los proyectos locales vinculados al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), una cuantía idéntica a la de la pasada edición. En el caso concreto de la provincia de Almería, la aportación económica asignada asciende exactamente a 3.655.966,37 euros.
Esta inmovilidad en los recursos económicos responde a que el programa funciona mediante un sistema de financiación compartida entre el Gobierno central, el ejecutivo regional y las instituciones provinciales. Al estar la aportación autonómica supeditada de forma proporcional a los fondos estatales, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado mantiene congelada la partida central por cuarto año consecutivo, sin tener en cuenta el encarecimiento generalizado que han experimentado los materiales y suministros en los últimos ejercicios.
El mecanismo de reparto se canaliza a través de subvenciones directas a los entes provinciales. Así, la Diputación de Almería y el resto de corporaciones andaluzas disponen de un plazo de diez días laborables para formalizar sus peticiones por vía telemática a través del Registro electrónico único. El volumen de fondos asignado por territorios replica las cifras de la anterior campaña, situando a Sevilla a la cabeza con más de 14,4 millones de euros, seguida de Córdoba, Jaén, Granada, Cádiz, Málaga y Huelva, cerrando la lista el suelo almeriense con los mencionados 3,6 millones de euros.
En cuanto a la distribución interna del gasto, el Servicio Público de Empleo Estatal asume el 55% de la financiación total del PFEA, una cantidad que este año alcanza los 194,8 millones de euros a nivel andaluz y que se destina en exclusividad al pago de los salarios de los jornaleros del sector primario durante los meses de inactividad en el campo. El 45% restante, relativo al coste de los materiales de obra, corre a cargo de las administraciones andaluzas. La Junta de Andalucía se hace cargo de tres cuartas partes de ese porcentaje, mientras que las diputaciones provinciales aportan la cuarta parte restante, equivalente a algo más de 21,9 millones de euros en toda la comunidad autónoma.
Durante los encuentros técnicos mantenidos por la comisión encargada de coordinar el programa, los representantes autonómicos pusieron sobre la mesa la problemática que acarrea la parálisis de la financiación estatal en un contexto de inflación galopante. Las autoridades advierten de que este desfase económico terminará afectando de forma negativa al volumen de contratos que se firmen y a la envergadura de las intervenciones. Del mismo modo, se ha planteado formalmente la urgencia de redefinir las bases del programa para que no se limite a la obra pública tradicional, abriendo la puerta a subvencionar iniciativas del Tercer Sector y planes formativos orientados a frenar la despoblación juvenil e incentivar el autoempleo en los pueblos.