Hay una entrañable vena filantrópica en el sistema judicial de este Estado que el ciudadano de a pie, en su pedestre ignorancia, a veces no logra comprender. Nos empeñamos en exigir seguridad, orden y el cumplimiento estricto de los códigos legislativos, sin pararnos a pensar en el encomiable esfuerzo que realizan ciertos magistrados por fomentar la reinserción activa en nuestras calles. Una reinserción tan activa que, a veces, se mide en puñaladas por minuto.
El pasado fin de semana, sin ir más lejos, la Guardia Civil procedió a la detención en Vícar de un joven de 27 años. Un auténtico virtuoso del patrimonio ajeno al que, solo en esta última intervención, se le imputan 37 delitos. Treinta y siete. Cualquiera pensaría que acumular semejante historial requiere una jornada laboral completa y una alarmante falta de horas de sueño, pero ahí seguía el buen hombre, disfrutando del templado clima de la provincia de Almería gracias a esa maravillosa laxitud que permite a los delincuentes habituales hacer de la calle su oficina permanente.
Claro que lo de Vícar queda en un mero chascarrillo contable si lo comparamos con el drama que sacudió la semana anterior al Poniente almeriense, concretamente en la zona de El Canalillo, en El Ejido. Allí, un individuo con un diagnóstico de esquizofrenia y un nutrido catálogo de antecedentes por uso de armas blancas decidió que tenía mejores cosas que hacer. Hacía escasos días que había apuñalado a su propia pareja, pero allí estaba él, en la calle, y se cobró dos personas muertas y cuatro heridas, entre ellas dos bebés. Uno se pregunta, desde el más absoluto respeto institucional, si el lugar idóneo para este perfil era la calle, un módulo psiquiátrico o un centro penitenciario adecuado. Pero la judicatura, en su ciega sabiduría, prefirió el azar de la vía pública.
Esta alarmante desconexión entre el sentido común y la judicatura no es, por desgracia, patrimonio exclusivo de Andalucía. Si elevamos la vista al conjunto del Estado, el panorama roza el esperpento. En Figueras, en Gerona, un hombre fue condenado a una pena por maltrato de 6 meses de prisión y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por 1 año y cuatro meses. Horas después, fue detenido por supuestas lesiones a la misma víctima, que quedó citada para una exploración forense que debía tener lugar este martes y para declarar ante el juez. Sin embargo, la víctima no compareció y el hombre quedó en libertad, quedando el caso pendiente del juzgado al advertir la sentencia anterior de conformidad. Es cierto que la actual legislación sobre violencia de género en España a menudo cojea de asimetría penal, bastando una mera denuncia para activar engranajes demoledores sin apenas margen de defensa inicial; pero resulta sangrante que, cuando la culpabilidad está contrastada y el peligro es real, las puertas giratorias de los juzgados funcionen a velocidad de crucero.
Y hablando de leyes que solo sirven para decorar el Boletín Oficial del Estado, resulta imposible soslayar el eterno debate sobre la inmigración irregular. Escuchamos de forma recurrente los encendidos discursos de ciertas formaciones políticas que claman por la expulsión de quienes acceden de forma clandestina o delinquen en territorio español. Lo curioso es que no hace falta inventar la pólvora: la propia Ley de Extranjería ya contempla la repatriación y la sustitución de penas privativas de libertad por la expulsión del país en caso de delitos graves.
El problema, para pasmo de los contribuyentes, no es la norma, sino el monumental vacío burocrático que le sigue. Las tasas reales de deportación son minúsculas. Cuando un inmigrante irregular comete un delito, la maquinaria de la Subdelegación del Gobierno y de las autoridades competentes rara vez inicia una mínima prospección o investigación efectiva para ejecutar el mandato legal. No hay control, no hay seguimiento de localización; simplemente se les extiende una orden de expulsión que opera como un souvenir de papel y se les devuelve a la calle a probar suerte.
El Estado se ha convertido en una fábrica incansable de redactar leyes hiperbólicas que luego nadie tiene la menor intención de hacer cumplir, mientras los jueces parecen más preocupados por el garantismo del infractor que por la integridad de la víctima. Seguir legislando sobre el papel para maquillar la incompetencia ejecutiva solo conduce a un destino inevitable: convertir la convivencia ciudadana en una ruleta rusa donde la bala, tarde o temprano, nos acaba tocando a todos.