La Sección Tercera de la Audiencia de Almería acogerá este martes la vista oral contra dos gestores hoteleros acusados de incorporar a su plantilla, de manera totalmente consciente y deliberada, a trece mujeres en un establecimiento de ocio nocturno situado en la localidad de El Ejido. Las empleadas ejercían labores de alterne y atención al cliente en el sector de la hostelería pública sin las correspondientes altas laborales ni las autorizaciones legales de residencia en el país.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los implicados una pena de cinco años de privación de libertad tras atribuirles la presunta autoría de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. A esta petición se le suma una sanción económica de dos años con una cuota de 12 euros por jornada debido a un delito de quebrantamiento de condena, puesto que ambos empresarios arrastraban prohibiciones previas dictadas por los tribunales que les impedían expresamente la dirección y administración de locales de esta naturaleza.
Los hechos se remontan a la noche del 31 de marzo de 2022, momento en el que una delegación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social efectuó un control de oficio en el club, ubicado concretamente en el núcleo ejidense de Santa María del Águila. Durante el registro del inmueble se identificó a catorce personas, figurando entre ellas uno de los encausados que se autodefinió ante los agentes públicos como el dueño del negocio.
Del conjunto de las trabajadoras presentes en el establecimiento, el escrito de acusación detalla que once de ellas operaban al margen de la legalidad laboral. De forma más pormenorizada, el documento fiscal especifica que seis de las mujeres carecían por completo de documentación regulatoria para residir o ejercer una actividad profesional en territorio nacional, mientras que las otras cinco restantes, aun teniendo su situación administrativa en regla, no habían sido afiliadas al sistema protector del Estado por parte de la empresa.
La acusación pública sostiene que el principal encausado actuó con un claro propósito de obtener un beneficio económico ilícito a costa de las empleadas, siendo plenamente consciente de la situación de desprotección legal en la que se encontraban. De hecho, las investigaciones determinan que al menos ocho de las afectadas fueron contratadas a sabiendas de que carecían de permisos oficiales de trabajo. Esta falta de cotización sistemática provocó además un perjuicio directo a los fondos de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuantificado inicialmente en algo más de 236 euros. La sesión judicial que dirimirá estas responsabilidades penales arrancará a las diez de la mañana.