La justicia ha puesto punto y final al amparo legal del responsable de uno de los mayores focos de degradación medioambiental detectados en la provincia de Almería. La Audiencia Provincial ha ratificado de forma íntegra la condena de dos años y un día de cárcel para el propietario de una explotación clandestina en el paraje Las Palmerillas, dentro del municipio de Roquetas de Mar. En este enclave, que operó sin ningún tipo de autorización ni control institucional durante diez años, llegaron a aglutinarse cerca de 19.000 metros cuadrados de desperdicios de toda índole.
El dictamen de los magistrados tumba los argumentos exculpatorios de la defensa y valida tanto la pena de privación de libertad por un delito contra los recursos naturales como la sanción económica aparejada. La resolución judicial se apoya en los informes detallados y las vigilancias efectuadas en la zona por los agentes del Seprona de la Guardia Civil y de la policía local. Los testimonios recabados confirmaron que el encausado ejercía de forma efectiva como gestor de los terrenos y permitía de manera sistemática la entrada de camiones para realizar las descargas a cambio de un beneficio económico, desoyendo los requerimientos oficiales.
Las inspecciones sobre el terreno desvelaron un escenario crítico, con montañas de desperdicios que alcanzaban alturas de hasta cinco metros y un volumen total estimado en 63.000 metros cúbicos. El espacio albergaba una amalgama de materiales altamente contaminantes, entre los que destacaban plásticos empleados en la agricultura de invernadero, neumáticos usados, restos de demoliciones, electrodomésticos fuera de uso y lodos orgánicos procedentes de excedentes hortofrutícolas. Asimismo, los peritos del equipo central de medio ambiente constataron la presencia de una gran fosa destinada al vertido de aguas residuales sin impermeabilizar, lo que provocó la filtración de lixiviados tóxicos hacia el subsuelo con el consiguiente peligro para los acuíferos subterráneos cercanos a la rambla del Pastor.
El tribunal ha remarcado la existencia de una clara intencionalidad por parte del procesado, quien mantuvo la actividad ilícita desde el cese de su negocio formal de hormigones en el año 2012 hasta que el consistorio decretó el precinto cautelar de las fincas en otoño de 2022. La sala rechazó de plano la versión de que se trataba de acumulaciones históricas ajenas a su gestión, un argumento desmentido por el hallazgo de restos vegetales frescos y por el análisis cronológico de las fotografías aéreas del terreno. Además, el propietario hacía uso de la quema periódica de basuras en contenedores industriales, lo que llegó a provocar múltiples intervenciones y denuncias de las fuerzas de seguridad por insalubridad.
A las penas de cárcel e inhabilitación profesional para el sector del reciclaje, se le añade la obligación económica de restituir el equilibrio ecológico del paraje. El condenado tendrá que reembolsar a la Junta de Andalucía los costes derivados de las tareas de limpieza y regeneración ambiental que la administración autonómica tuvo que asumir de forma subsidiaria. Aunque en las pesquisas se acreditó que camiones de la concesionaria de limpieza viaria de Roquetas de Mar depositaron residuos del barrido municipal en dicho recinto, la sentencia exime de responsabilidad a la mercantil del acusado al considerar que los acuerdos se pactaron a título estrictamente individual.