El procedimiento, no sobra repetirlo, es el siguiente: primero se denuncia. En este momento por asociaciones vinculadas a PP o a Vox. Se denuncia sin aportar pruebas. El Supremo pide que no se admitan a trámite, pero sólo es una recomendación y bastantes jueces las admiten para ponerse de inmediato a buscar, más propio que decir investigar y a interrogar. Todavía sólo es una denuncia, no hay nada probado. Pero las matrices de los denunciantes, sin esperar a las pruebas que la instrucción pudiera aportar o no, se lanzan a acusaciones violentas y violentas exigencias de dimisión, incluso cuando la denuncia no ha podido dirigirse contra un miembro del gobierno. La manipulación intencional es tan descarada, que, para cargarlo a los intereses partidistas de quien casi nunca ha denunciado directamente pero aprovecha “la oportunidad”, Begoña Gómez no es Begoña Gómez: es la mujer del presidente. David Sánchez tampoco es David Sánchez, es el hermano del presidente. Y Zapatero ha quedado reducido al amigo, o consejero, o simpatizante del presidente, a ver si lo aclaran. Esos “cargos”, cargados a las espaldas del acusado o acusada, en realidad tienen parentesco ciertamente. Sin embargo todavía no se ha visto condenar a un familiar, salvo a los padres cuando se trate de un menor. Y no siempre. Pero así es más fácil cargarlo también a las espaldas del presidente. A ver: esto no es un panegírico a favor de Sánchez; no vayan a querer aprovecharlo también, aunque de su retorcimiento se puede esperar cualquier cosa.
El caso es que la Justicia está para hacer Justicia. Por eso mismo debe ser más que cuidadosa y muy, muy aséptica, muy, muy, absolutamente imparcial. Tanto en la instrucción como en el juicio y la sentencia. Lo contrario, una instrucción forzada, por ejemplo, es rememorar la amarga memoria de el crimen de Cuenca y otros errores y horrores judiciales. Entonces, la gente vulgar, de a pie, quienes no somos juristas ni nos acercamos al pódium, no entendemos por qué Peinado no se despeina para llamar de nuevo a declarar, después de anunciar (¿o era amenazar?) con algo tan influenciable como un jurado popular y más aún, después que la policía no haya encontrado indicios delictivos en su investigación a Begoña Gómez. Sin embargo se está juzgando y condenando ya a los inculpados y al propio gobierno, sin atribución legal: un juicio popular muy beneficioso para la oposición que lo aprovecha, lo magnifica y ya pregona su condena: dimisión inmediata. Todo arropado en una instrucción, a la que le faltan meses para estar completa, o donde ya anuncian la ausencia de indicios como la de Begoña, comentada solo unas líneas antes.
La Instrucción no llega a ser indicio. Ahora parece que David Sánchez no se quedó dinero ajeno ni nada que se le parezca. Y que el juez Calama ha confundido datos con valoraciones de la policía. Repetiremos lo dicho en otras ocasiones, por si no lo han leído o no lo recuerdan: Quien lo haga que lo pague, para eso está la Ley. Para eso, no para satisfacer a ningún partido. Si Zapatero ha delinquido debe recibir el castigo correspondiente; pero espérense a que su culpa quede claramente demostrada. Lo contrario es linchamiento. La mucha prisa de Feijoo por gobernar y de Abascal por derechizarlo más de lo que ya está, no debe ser suficiente para promover un juicio paralelo. A lo mejor hay que cambiar las leyes para que los juicios paralelos y las condenas antes del juicio sean delito.
La Justicia debe ser cuestionable porque la soberanía está en el pueblo. Pero tampoco antes de darle tiempo a cometer el posible-presunto error. Una investigación se debe desarrollar sin presiones de ningún lado, porque una instrucción limpia dificulta mucho un juicio equivocado, en especial cuando el Juez es absolutamente imparcial. Igual que la prensa, cuyo servicio de prestar información, debe ser también absolutamente neutral y aséptico en lo político. Los medios de comunicación prensa, radio, tv, medios digitales y redes sociales, tienen una alta responsabilidad en ayudar a comprender, a emitir un juicio justo, pues siempre que sea justo quedará por encima y anulará cualquier valoración personal acelerada o interesada.
Por eso no se deberían aceptar denuncias sin pruebas y se debería condenar lanzar acusaciones sin sentencia previa y a quienes se adelantan a los jueces a emitir su condena.