El preocupante repunte de los delitos contra la libertad sexual ha encendido las alarmas en la provincia de Almería. El análisis de los datos oficiales emitidos por el Ministerio del Interior revela una tendencia marcadamente ascendente a lo largo de los últimos ocho años, un escenario que sitúa el foco sobre la efectividad de las actuales estrategias estatales de protección. La representante de la delegación almeriense en la Cámara Baja por el PP, Maribel S. Torregrosa, ha calificado esta evolución de muy alarmante, vinculándola de forma directa con la gestión de la administración central.
De acuerdo con el balance presentado, el territorio nacional experimentó una subida que supera el 85% entre los años 2017 y 2025, pasando de registrar algo más de once mil quinientos casos a rozar los veintiún mil setecientos episodios delictivos bajo la gobernanza del PSOE y sus socios. En el plano puramente provincial, el escenario no es más favorable, consolidando una subida del 83% en el volumen global de infracciones de esta índole. El indicador más crítico se localiza en los ataques que conllevan penetración, cuya incidencia se ha disparado por encima del 247% en el entorno almeriense, una cifra en consonancia con el repunte del 250% constatado en el resto del Estado.
Ante la gravedad de este escenario, la parlamentaria popular se ha mostrado tajante al asegurar que el balance es claro, traduciéndose en más delitos, más víctimas y más mujeres desprotegidas y acosadas. Desde el principal partido de la oposición se apunta a que los actuales indicadores son la consecuencia directa de un conjunto de decisiones gubernamentales tachadas de irresponsables, argumentando que determinadas reformas legales han terminado por favorecer a los propios autores de las agresiones.
En este sentido, las críticas se dirigen con especial dureza hacia el marco normativo de la conocida Ley del Solo Sí es Sí. Según los datos manejados por la formación, esta herramienta jurídica propició la reducción de penas para más de un millar de condenados y la salida anticipada de prisión de un centenar de reclusos. Asimismo, el bloque crítico extiende los efectos negativos a la legislación trans, alertando de que puede llegar a desvirtuar las herramientas de protección frente a la violencia machista, al tiempo que censuran las averías detectadas en los dispositivos telemáticos de control sin que el Ministerio competente haya asumido disculpas públicas frente al colectivo afectado.
El balance de reproches parlamentarios abarca también diversos episodios polémicos y causas judiciales ligadas a antiguas figuras de las filas socialistas. Paralelamente, se ha manifestado una honda preocupación por el funcionamiento interno de las instituciones que velan por la seguridad ciudadana, haciendo alusión directa a expedientes internos y sospechas en la cúpula de la policía nacional. El registro de más de medio centenar de quejas por conductas de acoso en el seno de la corporación policial durante el último trienio suscita incertidumbre sobre el rigor de los planes de prevención internos, concluyéndose que resulta urgente instaurar mecanismos que frenen de manera definitiva este constante crecimiento de las agresiones y devuelvan la seguridad a la ciudadanía.