La Memoria Anual correspondiente al año 2024 de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha puesto de manifiesto una decisión que sorprende a operadores y asociaciones del sector en España. A pesar de que en dicho ejercicio se registraron 22 descarrilamientos en la Red Ferroviaria de Interés General, el organismo ha abierto una investigación formal sobre un único caso vinculado a una salida de vía. Se trata del expediente 114/2023, relativo al suceso ocurrido en noviembre de 2023 con el tren procedente de la provincia de Almería, lo que evidencia una estricta política selectiva a la hora de priorizar indagaciones por su potencial de aprendizaje para la seguridad estructural de la red.
El documento oficial recoge que durante la pasada anualidad se notificaron un total de 128 sucesos, divididos en un accidente grave, 97 accidentes y 29 incidentes. De todo este conjunto, la comisión inició cuatro investigaciones formales y dos estudios preliminares. Sin embargo, ninguno de los 22 descarrilamientos ocurridos a lo largo de 2024 motivó una apertura de expediente formal, recayendo toda la atención técnica de este tipo de siniestros en el accidente que sufrió el tren 00271 de la operadora pública que realizaba el trayecto entre la estación de Almería y Madrid.
Este suceso, que tuvo un impacto operativo y sanitario significativo, ocurrió el 26 de noviembre en el punto kilométrico 0,14 de la línea entre Madrid Chamartín y Atocha Cercanías. La memoria describe detalladamente que los seis vehículos de cola de la composición, formada por dos locomotoras y nueve coches de pasajeros que partieron desde Almería, descarrilaron en su salida de la vía 4 hacia el túnel de Recoletos. El origen del siniestro fue la rotura de un espadín de la travesía 10, lo que provocó que los coches a partir del tercero se salieran de los raíles y los dos últimos fueran encaminados hacia una vía paralela, dejando la composición atravesada. El accidente dejó 14 heridos leves y obligó a realizar unos complejos trabajos de retirada que interrumpieron la circulación en el túnel durante dos días completos.
Fuentes de la propia memoria explican que la selección de este caso concreto frente a otros siniestros responde a una filosofía de trabajo que prioriza aquellos eventos de los que se puedan extraer enseñanzas relevantes. Los criterios aplicados para tomar esta decisión abarcan la gravedad de las consecuencias, como la existencia de heridos o el nivel de daños en la infraestructura, así como la enorme relevancia técnica ante posibles fallos estructurales de la vía. También se valora la repetición de patrones y el notable interés operativo debido al bloqueo prolongado de un túnel urbano crítico para el Estado español. La confluencia de todos estos factores en el viaje que partió de Almería justificó plenamente el análisis exhaustivo frente a otros sucesos sin víctimas ni grandes afecciones al tráfico.
Esta forma de proceder ha generado un intenso debate entre los sindicatos y los usuarios, quienes reclaman una mayor transparencia pública sobre los criterios de priorización para evitar percepciones de arbitrariedad. Los técnicos y expertos advierten de que, si bien analizar a fondo el caso del tren de Almería es razonable por su potencial didáctico, dejar sin investigar otros siniestros recurrentes puede impedir la detección de patrones comunes de fallo en las infraestructuras de España. Además, desde el sector apuntan a la limitación de recursos del organismo, un panorama que la reciente Ley 2/2024 pretende modificar con la creación de una Autoridad Administrativa Independiente encargada de investigar percances ferroviarios, marítimos y de aviación civil, cuya constitución efectiva la memoria preveía para el año 2025.
Mientras se consolida este profundo cambio institucional, las conclusiones de las investigaciones y las 12 recomendaciones emitidas por la comisión en su último ejercicio resultan fundamentales para el mantenimiento de la red. En el marco del expediente del siniestro del convoy de Almería, los resultados definitivos dictaminarán si las causas detectadas en las vías exigen aplicar nuevas medidas de mantenimiento e inspección a gran escala para asegurar que los aprendizajes lleguen con total rapidez a los gestores de la infraestructura y garanticen la máxima seguridad a la ciudadanía.