No deja de ser fascinante cómo el latín, una lengua técnicamente muerta, goza de tan excelente salud en los juzgados y, sobre todo, en los despachos donde se cocina la fontanería política del Estado. El quid pro quo —ese "algo a cambio de algo" que sostiene desde los pactos mafiosos hasta los acuerdos de investidura— ha cobrado una vigencia estomagante.
La última demostración práctica de este clásico romano no nos llega de una excavación arqueológica, sino de la mismísima sede central del PSOE en la calle Ferraz. La entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sala de máquinas de un partido de gobierno es un hito histórico. Otra medalla para la colección de hitos inéditos de esta época.
Cuando uno observa el despliegue de la benemérita entre archivadores y servidores informáticos, la pregunta jurídica y lógica cae por su propio peso: Cui prodest? ¿A quién beneficia todo esto? ¿Quién gana algo a cambio de sembrar el fango?
Para entender el entramado hay que poner nombres y apellidos a los presuntos peones de esta partida de ajedrez subterránea, tal y como se desprende de las investigaciones judiciales en curso:
Leire Díez, conocida en las crónicas madrileñas como la "fontanera" del PSOE y exdirectora general de la formación.
Gaspar Zarrías, viejo conocido de la política en Andalucía, exvicepresidente de la Junta y un histórico del aparato socialista.
El empresario Dolcet.
Todo ello, presuntamente orbitando bajo el conocimiento o mandato del Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según los indicios del auto judicial, este selecto grupo no se reunía para debatir sobre la despoblación en el norte de la provincia de Almería o sobre la eterna promesa de la llegada del AVE. Presuntamente, la estrategia consistía en orquestar una red de investigación, presión y chantaje dirigida a policías, fiscales y jueces.
¿El objetivo? Desactivar a cualquiera que osara husmear en las presuntas irregularidades del entorno del Presidente del Gobierno. Hablamos de contrarrestar de forma directa las pesquisas de la jueza Cristina Peinado (que instruye el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente) o los movimientos de la jueza Beatriz Biedma (encargada de investigar al hermano de este, David Sánchez).
Un Watergate castizo puesto al servicio personal.
Aquí es donde el quid pro quo se vuelve piramidal y converge en una sola cúspide: Pedro Sánchez.
Resulta imposible mantener la ingenuidad a estas alturas. Todo este presunto despliegue de espionaje y presión, pagado presuntamente con las finanzas del propio partido, no se organizó por amor al arte ni por la supervivencia ideológica de las siglas. Se montó para salvar la cara al secretario general. Pedro Sánchez parece haber confundido la estructura del Partido Socialista con su escudo de armas personal y su servicio de defensa jurídica privada.
En lugar de optar por la dignidad institucional que se le presupone al jefe del Ejecutivo, el presidente prefirió atrincherarse, cuestionar de forma pública la honestidad del poder judicial —un tic peligrosamente absolutista— y, presuntamente, permitir un 'Watergate' a la española.
Utilizar la estructura y el dinero de una organización histórica para atacar a magistrados, periodistas y guardias civiles que simplemente hacen su trabajo no es política; es un síntoma de desesperación autocrática. El entramado que la UCO empieza a desenterrar no es una invención de la "fachosfera", sino una realidad jurídica cada vez más nítida y alarmante.
Escuchar ahora al presidente asegurar que no convoca elecciones generales por "responsabilidad" o por "evitar el interés partidista" provoca una mezcla de risa floja y estupor. No se convocan elecciones porque el pánico a quedarse fuera de la Moncloa es total. Sin el amparo del poder del Estado, sin el control de la Fiscalía y sin el rodillo del aparato, la intemperie judicial es un lugar muy frío.
Cabe preguntarse qué pensarán los militantes de base, esos que defienden unas siglas por convicción, al ver que su partido se ha convertido en el paraguas financiero y operativo de los problemas familiares del líder. ¿De verdad hacía falta meter al socialismo en este embolado de tintes mafiosos?
No parece razonable, ni ético, ni medianamente digerible que el máximo representante de un partido se sirva de él de esta manera tan espuria. Pero claro, en la lógica del quid pro quo sanchista, el partido lo da todo y solo él recibe el beneficio.