La batalla jurídica y administrativa en torno al hotel de El Algarrobico, ubicado en el municipio de Carboneras, suma un nuevo capítulo con el paso al frente dado por el colectivo ecologista Greenpeace. La organización ha solicitado de manera formal al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asuma de oficio la tramitación del expediente para revisar la licencia de obras de la edificación. Esta petición busca neutralizar de forma definitiva las maniobras de dilación que, según denuncia la entidad, lleva ejecutando la administración local de manera continuada desde hace cuatro años, perjudicando de forma directa los intereses de la provincia de Almería.
Para fundamentar este requerimiento ante el Alto Tribunal andaluz, los servicios jurídicos del grupo ecologista se han amparado en la aplicación del artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El objetivo prioritario de esta vía legal es salvaguardar el principio de economía procesal, impidiendo con ello que la promotora Azata y sus empresas filiales dispongan de nuevos cauces para recurrir la decisión a través de la vía contencioso-administrativa, una circunstancia que volvería a prorrogar el ya de por sí enquistado escenario judicial que afecta al litoral almeriense.
El detonante de este nuevo requerimiento ha sido el último incumplimiento administrativo por parte del Ayuntamiento de Carboneras, que ha provocado la caducidad del expediente que se encontraba abierto ante el Consejo Consultivo de Andalucía desde diciembre de 2025. El consistorio había elevado una consulta previa a este órgano de asesoramiento técnico-jurídico, un paso indispensable para declarar la revisión de la licencia de obras del complejo hotelero. No obstante, la administración municipal omitió adjuntar la documentación preceptiva y, tras cumplirse un plazo superior a los tres meses con reiterados requerimientos de subsanación no atendidos, el Consejo Consultivo decretó el archivo definitivo de la solicitud. Desde el gobierno local se ha justificado esta parálisis aludiendo a la carencia de un secretario municipal, un argumento que los ecologistas tachan de estratagema para eludir el cumplimiento de las resoluciones.
Ante lo que califican como una actitud contumaz por parte de las autoridades locales, y coincidiendo de forma simbólica con el 20º aniversario de la paralización cautelar de los trabajos de construcción del hotel, Greenpeace ha decidido elevar la presión legal. En su escrito al Tribunal Superior de Justicia, el colectivo reclama que las actuaciones se trasladen de inmediato a la Fiscalía para que se abran diligencias penales contra el alcalde de Carboneras por un supuesto delito de desobediencia. La organización argumenta encontrarse en una situación de completo desamparo ante el bloqueo de una sentencia firme dictada en su día por el Tribunal Supremo de España, la cual obligaba a la institución de la provincia de Almería a tumbar definitivamente el permiso de edificación.
El portavoz de la asociación ecologista en Andalucía, Luis Berraquero, ha manifestado el profundo malestar de la entidad ante lo que considera una burla intolerable al ordenamiento jurídico del Estado español. El representante ha enfatizado que resulta inadmisible que una corporación local sea capaz de esquivar durante más de cuatro años el mandato del Alto Tribunal mediante excusas que consideran vanas y de dudosa veracidad. Desde el colectivo insisten en que este emblema de la especulación urbanística costera no puede permanecer impune ni un día más de pie, por lo que instan al TSJA a agotar los resortes normativos disponibles para desbloquear de oficio una situación que afecta a la credibilidad de la justicia en la provincia.