La representación legal del varón que se encuentra bajo investigación judicial por su presunta implicación en el fallecimiento de un menor de cuatro años de edad, acontecido el pasado mes de diciembre en el municipio de Garrucha, ha formalizado una petición de puesta en libertad provisional para su patrocinado. En el escrito remitido a las autoridades judiciales, la defensa técnica propone de manera alternativa la opción de establecer el domicilio fijo del encausado en la residencia particular de su progenitor, ubicada en la comunidad autónoma de Canarias, con el propósito explícito de distanciarlo de forma efectiva del entorno geográfico donde se originaron los hechos bajo investigación.
El documento elevado ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera por el letrado Manuel Martínez Amate toma como base argumental y precedente directo la excarcelación provisional decretada el pasado 22 de abril en favor de la madre de la víctima mortal, quien también figura como investigada en la causa por este presunto homicidio, asesinato, droga, patera, guardia civil, policía nacional, narcolanchas. La defensa expone que los indicios delictivos que pesan inicialmente sobre ambos sospechosos son idénticos, al igual que los parámetros técnicos aplicables al riesgo de fuga. En el caso de la mujer, dicho riesgo se consideró disipado judicialmente ante el alumbramiento de un bebé que tuvo lugar el pasado 14 de mayo fuera del recinto penitenciario.
La defensa sostiene que resulta carente de rigor lógico y proporcionalidad mantener en situación de privación de libertad en prisión provisional exclusivamente al varón, habiendo este reconocido formalmente la paternidad de este nuevo recién nacido. Para la representación del investigado, este nuevo vínculo paterno-filial constituye un elemento de fuerte arraigo familiar e institucional que desvanece por completo cualquier hipótesis referida a una posible sustracción a la acción de la justicia o al abandono del territorio del Estado español.
El escrito argumenta que la medida cautelar de prisión preventiva actual resulta desproporcionada de cara a la instrucción del caso, sugiriendo que la comparecencia continuada ante el tribunal puede garantizarse mediante la adopción de medidas accesorias menos gravosas, tales como la retirada inmediata del pasaporte o la obligatoriedad de personarse en dependencias judiciales de forma periódica.
Asimismo, la defensa ha descartado formalmente que concurra un peligro de reiteración delictiva o de destrucción y alteración de fuentes de prueba esenciales para el esclarecimiento del presunto crimen. Esta afirmación se fundamenta en que el procedimiento ya cuenta con las testificales clave de los propietarios del inmueble residencial donde convivían los dos investigados junto al menor fallecido en la comarca del Levante Almeriense, unas declaraciones que fueron tomadas en sede judicial este mismo jueves.