La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Carboneras la máxima celeridad y agilidad administrativa a la hora de convocar la sesión plenaria extraordinaria destinada a ratificar la anulación definitiva de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.
Este requerimiento de la administración autonómica se produce inmediatamente después de conocerse el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, un pronunciamiento que valida jurídicamente el procedimiento de revisión de oficio iniciado por la corporación local de Carboneras y que califica el permiso de edificación otorgado en enero de 2003 a la empresa promotora Azata del Sol como nulo de pleno derecho.
La responsable sectorial del Gobierno andaluz ha manifestado su profunda satisfacción ante lo que considera un hito de carácter decisivo para poner fin a la vigencia del inmueble y avanzar sin más dilaciones hacia su desmantelamiento físico. Para la consejera en funciones, la resolución del órgano consultivo autonómico representa el último gran paso de la tramitación de carácter administrativo, situando la responsabilidad directa sobre el Ayuntamiento de Carboneras, que debe oficializar la invalidez del permiso constructivo en su Pleno para dar cumplimiento al protocolo de derribo y restauración ambiental del paraje natural que fue suscrito de forma conjunta con el Gobierno de España en el año 2011.
El complejo hotelero de El Algarrobico, estructurado en una volumetría de una veintena de plantas de altura y dotado de 411 habitaciones, se sitúa en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ocupando de manera ilegal los terrenos reservados para la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Rocío Díaz ha enmarcado la edificación de esta infraestructura como uno de los mayores atentados de índole urbanística y medioambiental del Estado español, señalando que la inminente demolición permitirá hacer desaparecer lo que ha tildado de monumento a la irregularidad en la costa de la provincia.
El pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía viene a reforzar la estrategia jurídica y el camino administrativo que ha venido defendiendo activamente la Junta de Andalucía a lo largo de los últimos años de litigio en los tribunales. La administración andaluza optó de manera preferente por exigir la ejecución de los fallos judiciales que decretaban que el suelo del paraje costero posee la clasificación de terreno no urbanizable de especial protección, obligando al Consistorio a revisar el expediente por adolecer de vicios insanables de nulidad, en contraposición a la propuesta de sumarse al procedimiento de expropiación forzosa que había planteado originariamente el Ejecutivo central sobre la mitad de la estructura hotelera sujeta a sus competencias de costas.
Una vez que el Ayuntamiento cumplimente el trámite plenario solicitado, la Consejería de Fomento ha asegurado que activará todos los mecanismos técnicos y presupuestarios necesarios para proceder al inicio de las obras de demolición del edificio. El objetivo final de la intervención radica en la completa regeneración ecológica y paisajística de un entorno natural almeriense de alto valor ecológico que jamás debió sufrir este tipo de afección urbanística y cuyo conflicto legal asociado se ha prolongado de forma excesiva en el tiempo para los intereses de la provincia.