El derribo del controvertido hotel de El Algarrobico, ubicado en la provincia de Almería, parece estar más cerca que nunca tras el último pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía. Desde la Junta de Andalucía se sostiene con firmeza que la vía judicial impulsada por la administración autonómica ha resultado determinante para desbloquear el conflicto, desacreditando las promesas de expropiación del Gobierno central por considerarlas un movimiento ineficaz y de tintes electoralistas.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha señalado que el reciente dictamen emitido por el órgano consultivo avala la propuesta para revisar de oficio y declarar completamente nula la licencia de obras concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol. Este avance supone un hito fundamental en el procedimiento administrativo que actualmente tramita el Ayuntamiento de Carboneras, lo que representa un paso decisivo para clausurar de forma definitiva uno de los mayores despropósitos urbanísticos y medioambientales de todo el litoral español.
En sus explicaciones, el representante autonómico criticó con dureza la estrategia que en su momento lideró la hoy secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. Sanz calificó de maniobra efectista el antiguo anuncio estatal de ejecutar una expropiación forzosa en un plazo de seis meses, recordando que la propia Abogacía del Estado ya había advertido con bastantes años de antelación que ese planteamiento carecía de viabilidad y de recorrido jurídico real.
Según argumenta el Ejecutivo regional, la insistencia de la Junta de Andalucía en personarse activamente en la causa e instar de manera reiterada la ejecución de las sentencias judiciales ha sido el verdadero motor del proceso. Frente a esto, lamentan que la administración central ni siquiera se hubiera personado en el expediente de revisión que dependía del municipio. Por todo ello, el Gobierno andaluz ha exigido formalmente al Consistorio de Carboneras la máxima celeridad para convocar el pleno municipal que ratifique oficialmente la invalidez de los permisos de edificación.
Una vez completado este trámite administrativo tan esperado en la provincia de Almería, los planes de la administración autonómica se centran en reactivar la comisión mixta de seguimiento. Esta mesa de trabajo buscará coordinar las labores técnicas de desmantelamiento de la estructura y la posterior restauración del entorno natural, con el firme propósito de devolver la legalidad ambiental a un paraje protegido que jamás debió verse alterado.