Una operación conjunta en el Estado español ha permitido desarticular un presunto entramado criminal especializado en la introducción irregular de ciudadanos extracomunitarios, cuya actividad afectaba de manera directa a la costa de la provincia de Almería. La intervención, en la que han participado de forma coordinada la policía nacional y la guardia civil, en colaboración con la Europol y las autoridades policiales de Francia, ha concluido con la detención de siete personas que presuntamente operaban una red de tráfico de personas mediante el método de patera taxi en el litoral almeriense, murciano y alicantino.
En el marco de este despliegue, denominado operación Barón-Galón, las fuerzas de seguridad han arrestado a seis individuos en Alicante y a uno más en la ciudad francesa de Marsella. Los implicados en estos hechos son hombres de nacionalidad argelina y libia con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. Asimismo, los agentes han llevado a cabo tres registros domiciliarios, concretamente dos en Alicante y uno en el municipio de Santa Pola, donde se ha procedido a la incautación de abundante documentación, dinero en efectivo y varios dispositivos telefónicos vinculados directamente con el entramado delictivo. A los detenidos se les imputa la presunta autoría de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, contrabando y delitos contra el patrimonio.
El origen de las investigaciones se remonta a mediados del año 2025, momento en el que los efectivos policiales y del Instituto Armado comenzaron a seguir la pista de varios ciudadanos argelinos asentados en la provincia de Alicante. Este grupo supuestamente se coordinaba para facilitar la infraestructura logística y el personal necesario con el fin de introducir ilegalmente a sus compatriotas en territorio español. Para lograr su objetivo, la red criminal utilizaba embarcaciones semirrígidas provistas de motores de gran potencia, conocidas como patera taxi, con las cuales transportaban a los migrantes de forma rápida hacia zonas seguras de la costa, incluyendo playas y calas de la provincia de Almería.
Las minuciosas pesquisas desvelaron que la procedencia de estas lanchas rápidas era ilícita, figurando algunas de ellas como sustraídas en puertos de España o Francia, mientras que otras navegaban amparadas por documentación falsa o mediante contratos de alquiler fraudulentos. La organización criminal controlaba de manera estratégica diversos recintos portuarios para robar las embarcaciones que servían a sus fines y realizaba vigilancias previas para escoger los puntos de llegada en el litoral almeriense. Además, el grupo contaba con miembros especializados en tareas de logística que gestionaban el suministro de combustible, facilitaban alojamientos temporales y organizaban el desplazamiento terrestre de los patrones de las embarcaciones. La existencia de fuertes conexiones internacionales con Francia para la adquisición de vehículos y lanchas hizo necesaria la cooperación con cuerpos policiales del ámbito europeo a través de Europol para el intercambio de información y la culminación de los arrestos.