asadas las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, la Junta Electoral de la provincia de Almería se ha convertido en el escenario de un desfile tan previsible como sintomático: la recogida de acreditaciones de los parlamentarios electos. Este trámite, que administrativamente no pasa de ser un mero formalismo burocrático, ha servido para retratar a la perfección el espíritu con el que cada formación política encara la nueva legislatura en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es un arranque de curso donde las declaraciones ante los medios, las urgencias selectivas y las estrategias de desgaste mutuo ya enseñan las cartas sobre la mesa, configurando tres formas bien distintas de entender el servicio público desde el cálculo partidista.
El presidente provincial del Partido Popular y consejero en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, asumió el papel de alumno ejemplar de la jornada al convertirse en el único representante de todo el arco político que dedicó unos segundos a felicitar al resto de los parlamentarios electos, sin importar las siglas de procedencia. En un alarde de optimismo institucional, Ramón Fernández-Pacheco confió en que el próximo Reglamento de la cámara andaluza propicie debates guiados por la educación y, como colofón, invocó el deseo de estabilidad para los próximos cuatro años. Es una petición encomiable, desde luego, aunque reclamar cortesía parlamentaria en los tiempos que corren suene casi tan idílico como confiar en que las obras del AVE en la provincia dejen de acumular retrasos por arte de magia.
Por su parte, el parlamentario electo de Vox, Rodrigo Alonso, acudió a retirar su acta sacando pecho por los resultados cosechados por su formación en la circunscripción provincial. Con este nuevo mandato, Rodrigo Alonso encadenará prácticamente doce años en el hemiciclo andaluz, una notable permanencia institucional para alguien cuyo partido impugna abiertamente el modelo autonómico. El representante de la formación de ultraderecha presumió del sorpasso en votos al Partido Socialista en el ámbito provincial y volvió a insistir en el mantra de la prioridad nacional como eje irrenunciable del próximo curso. Resulta curioso el empeño en imponer este concepto como elemento clave cuando, de los 109 diputados que componen el Parlamento de la Comunidad Autónoma, apenas 15 defienden sus postulados, evidenciando una desconexión considerable con la realidad de un hemiciclo que ellos ya dan por amortizado.
Sin embargo, el verdadero giro de guion de Rodrigo Alonso llegó al exigir al presidente en funciones, Juan Manuel Moreno Bonilla, que se siente a negociar de inmediato la futura investidura porque Andalucía no puede esperar. Esta repentina prisa contrasta abiertamente con la santa paciencia de la que presumió su partido en otras regiones de España, un Estado donde Vox consintió esperas de hasta cinco meses para sellar gobiernos coaligados en territorios como Castilla y León, Aragón o Extremadura. Se ve que la urgencia actual en el sur responde más al ansia de materializar su exiguo crecimiento electoral en parcelas concretas de poder que a una de sus habituales rabietas ideológicas, buscando que sus postulados minoritarios terminen imponiéndose sobre la mayoría.
En el flanco socialista, liderado en la provincia por el secretario de Organización, José Nicolás Ayala, el inicio de curso tuvo una obligada dosis de realismo. Es de justicia reconocer la normalidad y la honradez con la que los socialistas han encajado un resultado electoral manifiestamente adverso en las urnas. Como contrapartida fiscalizadora, José Nicolás Ayala ya ha fijado la primera exigencia de su grupo para este mandato, que no es otra que la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el denominado caso mascarillas de la Diputación de Almería, la trama de presuntas comisiones irregulares en la compra de material sanitario que mantiene bajo investigación judicial a ex altos cargos del Partido Popular como Óscar Liria, Francisco Giménez o Javier Aureliano García.
Llegados a este punto, y si la presencia de la ultraderecha en el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma fuera realmente el peor de los males para el bloque progresista, la lógica política invitaría a plantear un cambalache tan pragmático como improbable. El Partido Socialista podría proponer una abstención técnica que facilite la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla sin necesidad de hipotecarse con Vox, exigiendo a cambio únicamente que el Partido Popular valide esa comisión de investigación sobre las mascarillas de Almería. Diseñar este escenario en el actual clima político de España, un Estado donde la polarización cotiza al alza, es adentrarse en la más pura utopía, pero resolvería de un plumazo los grandes dilemas del momento.
De llevarse a cabo semejante pirueta estratégica, el tablero arrojaría un saldo donde prácticamente todo el mundo saldría ganando. Por un lado, la ciudadanía se ahorraría la inclusión de los postulados de Vox en la acción de gobierno de la Comunidad Autónoma y, al mismo tiempo, obtendría luz y responsabilidades aclaradas sobre el presunto desvío de fondos públicos en plena pandemia. Por otro lado, el Partido Socialista se apuntaría un tanto de indudable altura de miras institucional, ganando un valioso minuto de gloria política al erigirse en dique de contención efectivo de la ultraderecha. Finalmente, el Partido Popular lograría la ansiada estabilidad que reclama Ramón Fernández-Pacheco para gobernar, esquivando el peaje diario de las exigencias de la formación de Rodrigo Alonso.
La realidad, desengañémonos, es bastante más fría y menos sofisticada. Al Partido Socialista le resulta estratégicamente mucho más útil buscar el desgaste continuo del Partido Popular asimilándolo de forma sistemática a Vox a lo largo de los próximos años. Por eso, aunque discursivamente sostengan que un pacto con la ultraderecha es lo peor que le puede ocurrir a los andaluces, parecen perfectamente dispuestos a permitir que suceda con tal de asegurar su munición de oposición para el resto de la legislatura. Son tres formas distintas de cruzar la puerta del Parlamento de Andalucía, pero responden al mismo y viejo cálculo táctico de siempre.