Últimamente, mientras se capea el bochorno en cualquier rincón de la provincia de Almería, algún lector de noticias avispado me ha preguntado por el tema estrella en los mentideros de Madrid: ¿cómo veo la posibilidad de una moción de censura del Partido Popular contra Pedro Sánchez? Sinceramente, uno no tiene un oráculo en la mesita de noche ni pretende adivinar qué pasa por la cabeza del Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ni cómo responderá el resto de las formaciones políticas. No sé nada de eso, evidentemente, pero lo que sí tengo claro es que no la veo. Y no la veo por una aplastante cuestión de realismo y de tiempos.
A estas alturas de la película, cuando apenas queda un año de legislatura en España, conviene recordar que Pedro Sánchez no está dispuesto a ceder ni un milímetro de terreno. Como el jugador de baloncesto que fue, el Presidente del Gobierno maneja los tiempos de posesión con una resistencia numantina. Entre que el Partido Popular se aclara consigo mismo, inicia los contactos y logra un acuerdo con Vox —algo previsible— y, además, consigue el milagro metafísico de sumar en la misma ecuación parlamentaria a Junts, con Carles Puigdemont al aparato, y al PNV de Andoni Ortuzar, bien podría pasar un mes largo de negociaciones y equilibrios sobre el alambre.
Una vez superado ese tierno idilio, habría que convocar el Pleno del Congreso de los Diputados para debatir la moción, un trámite que consume sus buenos días. A partir de ahí, vendría la correspondiente toma de posesión del nuevo Presidente del Gobierno, quien tendría que conformar un gabinete, aunque fuera a efectos puramente nominativos. No olvidemos que estaríamos ante una moción de censura instrumental, cuyo único y exclusivo objetivo sería que el nuevo inquilino de La Moncloa apretara el botón rojo de la convocatoria electoral. Entre una cosa y otra, no sería nada extraño que nos plantáramos a finales de este mismo año.
Y aquí es donde el artificio pierde toda su gracia. Si la investidura exprés nos sitúa a finales de año, resulta que, por estricto imperativo legal, las elecciones generales tendrían que celebrarse de todos modos en torno a marzo, abril o mayo del año que viene. Con el calendario en la mano, montar semejante jaleo institucional, con toda la estructura y la parafernalia que conlleva una moción de censura en el Estado, solo habría servido para adelantar las elecciones apenas tres o cuatro meses. Sinceramente, para lograr ese exiguo botín temporal, no tiene el más mínimo sentido estratégico mover semejante maquinaria. Daría exactamente igual que Alberto Núñez Feijóo firmara la disolución de las Cámaras de forma inmediata tras prometer su cargo o que esperase el plazo legal como Presidente; el resultado objetivo sería el mismo: un desgaste colosal para adelantar unas semanas lo que la ley ya iba a traer por su propio peso.
Pero el verdadero obstáculo de esta pirueta no es el reloj, sino los compañeros de viaje. Se entiende perfectamente el absoluto rechazo del PNV y de Junts a participar en este baile. La razón es de un pragmatismo aplastante: la formación de Santiago Abascal ha dejado claro, de modo diáfano, que su objetivo político es la ilegalización de los partidos nacionalistas. Y no solo de sus siglas, sino también de sus propias ideas. Como resulta comprensible, nadie se sube a un tren cuyo maquinista promete descarrilar en la primera estación para borrarte del mapa.
Este es el gran nudo gordiano que Alberto Núñez Feijóo no consigue desatar en la política del Estado. Con Vox al lado, el Partido Popular se vuelve incompatible con cualquier otra fuerza regionalista o nacionalista. La aritmética es cruel: o los populares ganan en España con una mayoría absoluta incontestable en una futura convocatoria electoral, o su dependencia de la extrema derecha los condena a la más absoluta soledad parlamentaria. Es una paradoja curiosa, porque esa feroz obsesión de Vox por acabar con el sistema autonómico parece sufrir una repentina amnesia colectiva cada vez que consiguen ocupar escaños y poltronas en los parlamentos de las Comunidades Autónomas, como bien se ha visto en la Junta de Andalucía. En cuanto tocan moqueta y coche oficial, la abolición de las autonomías pasa a un discreto segundo plano, aunque por pura elegancia es mejor no recordárselo para no estropearles el discurso.
En definitiva, la hipotética moción de censura de la que tanto se habla estos días no pasa de ser un gesto banal. Una floritura política inútil a estas alturas del periodo legislativo, diseñada para el entretenimiento mediático pero completamente huérfana de utilidad real.