La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido una contundente opinión desfavorable respecto al cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de Garrucha, en la provincia de Almería. El órgano auditor ha determinado que las operaciones financieras efectuadas durante el ejercicio económico de 2022 no cumplen con la normativa vigente sobre la gestión de fondos públicos tras detectar múltiples anomalías estructurales. Entre las principales irregularidades detalladas en el documento, destacan de forma alarmante una serie de prestaciones y servicios ejecutados por la administración local sin cobertura contractual alguna entre los años 2015 y 2024, acumulando un importe total fuera de la legalidad de 7.876.070,30 euros.
Ante la evidente falta de documentación y la presencia de desajustes generalizados en la contabilidad municipal, el ente fiscalizador ha denegado directamente su opinión sobre los estados financieros de la entidad correspondientes a la cuenta general de 2022. Esta severa resolución responde a la imposibilidad de reflejar una imagen fiel y transparente de la verdadera situación económica y patrimonial del consistorio.
El informe detalla acuerdos bajo sospecha con hasta 35 proveedores de servicios con los que el ayuntamiento obvió por completo los procedimientos legales de contratación establecidos. Esta preocupante práctica administrativa se extendió durante la totalidad del periodo de gobierno de la exalcaldesa María López, vinculada al PSOE, y se mantuvo igualmente durante el primer año de mandato de Pedro Zamora, representante del PP, al frente de la corporación. Debido a la gravedad de los hechos, estos actos han sido calificados técnicamente como nulos de pleno derecho, lo que obligará legalmente a iniciar una revisión de oficio de todas las actuaciones afectadas.
De forma pormenorizada, el documento técnico identifica a 23 proveedores específicos que facturaron al consistorio de Garrucha gastos que ascienden a un total de 1.068.524,32 euros a lo largo del año 2022 sin que mediara la previa tramitación del procedimiento contractual legalmente establecido, lo que constituye una infracción explícita por parte de la entidad local.
Asimismo, la Cámara de Cuentas ha analizado minuciosamente cien expedientes administrativos de contratación menor que totalizan 782.354,27 euros y que representan el 14,34 por ciento de toda la contratación efectuada en dicho ejercicio. En ninguno de estos casos bajo examen se justificó la necesidad real de recurrir a esta modalidad contractual excepcional.
El informe advierte de que ninguno de estos contratos menores puede calificarse como imprevisible, dado que se correspondían con actividades previsibles y programables con carácter anual. De igual manera, la administración local no dejó constancia del método empleado para calcular el valor estimado de los servicios ni se acreditó haber considerado de manera rigurosa los precios de mercado antes de los desembolsos.
El caos organizativo detectado por los auditores también golpea con dureza la gestión del personal y las retribuciones de la plantilla del municipio de la provincia de Almería. El órgano fiscalizador detectó la existencia de pagos en exceso efectuados al interventor municipal, quien percibió de forma irregular un total de 2.984,44 euros de más durante 2022 al sobrepasar el límite legal del 30 por ciento fijado de forma estricta para el régimen de acumulación de funciones.
A esto se añade una preocupante falta de ordenación en las nóminas del ayuntamiento, puesto que el tesorero realizó pagos en 2022 por valor de 3.054.072,65 euros sin contar con el preceptivo decreto de alcaldía que ordenara formalmente dichos movimientos de dinero. Paralelamente, la auditoría no halló el acto administrativo obligatorio por el cual se debía aprobar el complemento específico abonado a los funcionarios, una partida opaca que ascendió a 815.269,78 euros.
El abono de las horas extraordinarias representa otro de los grandes focos de descontrol señalados por la Cámara de Cuentas en Garrucha. Durante el año analizado, la corporación repartió 155.803,5 euros en gratificaciones por servicios extraordinarios a un total de 107 empleados públicos sin que existieran partes oficiales o registros que justificaran las horas o franjas horarias efectivamente trabajadas.
En este escenario de desatención normativa, un grupo de 17 trabajadores llegó a superar el tope legal permitido de 80 horas anuales, un exceso que provocó pagos indebidos de al menos 75.136,50 euros y que presenta serios indicios de responsabilidad contable. Esta problemática afectó de forma muy acusada al cuerpo de la Policía Local, cuyo jefe llegó a realizar un total de 551 horas por encima del límite legal estipulado. Además, la fiscalización descubrió gratificaciones completamente desprovistas de justificación que alcanzan los 34.875,50 euros, sumadas al cobro indebido de retribuciones por parte de dos agentes de la Policía Local en los meses de enero y febrero de 2022 que ascendieron a 1.272 y 1.070 euros respectivamente, a pesar de constar formalmente que no trabajaron para el consistorio durante dicho periodo.
El examen de los auditores se extiende también a las retribuciones de los propios cargos públicos del consistorio de Garrucha, detectando cobros superiores a las cuantías autorizadas por la legislación del Estado español, lo que nuevamente arroja indicios de responsabilidad contable. Concretamente, los miembros de la corporación local percibieron entre junio de 2019 y junio de 2023 un montante total de 30.264,71 euros por encima de lo fijado legalmente para todo el mandato.
El informe desvela además una equiparación irregular del sueldo de una concejal en régimen de dedicación parcial, cuyas retribuciones resultaron idénticas a las recibidas por otros dos concejales que sí ejercían sus funciones con dedicación exclusiva. Esta edil percibió 28.699,85 euros en el año 2022, acumulando un total de 116.090 euros durante el tramo de 2019 a 2023. La raíz de este problema se remonta al acuerdo plenario de junio de 2019, donde el ayuntamiento omitió especificar cuál era el régimen de dedicación mínima indispensable para tener derecho a cobrar estas remuneraciones, sumándose a la ilegalidad de que el municipio no publicó los sueldos en sus canales oficiales de transparencia informática como exige la ley.
Por último, el control sobre el dinero público destinado a colectivos y terceros muestra preocupantes lagunas en esta localidad de la provincia de Almería. Las subvenciones otorgadas en 2022 por un importe de 104.074 euros carecieron por completo de seguimiento o control debido a la inexistencia de sistemas informáticos específicos y a la ausencia de un plan anual de actuación, un incumplimiento normativo que el consistorio arrastra de manera reiterada desde el año 2003. La carencia absoluta de procedimientos de reintegro ante la falta de justificación fomenta, según advierte el informe, la prescripción sistemática de deudas públicas que deberían retornar a las arcas comunes.
En el ámbito estrictamente presupuestario general, el Ayuntamiento de Garrucha reconoció obligaciones por valor de 9.215.088,95 euros y realizó pagos efectivos de 8.599.938,47 euros prescindiendo totalmente de la fiscalización previa obligatoria por parte de la intervención municipal, sin tramitar además los cauces necesarios para convalidar dicha omisión.
Finalmente, el informe técnico de la Cámara subraya la existencia de gastos desprovistos de consignación presupuestaria previa e imputaciones indebidas de ejercicios ya cerrados, puesto que se cargaron directamente a la liquidación de 2022 un total de 1.659.444,23 euros en gastos correspondientes a años anteriores sin tramitar de forma previa el preceptivo procedimiento de revisión de oficio, consolidando un escenario de grave desorden financiero en la gestión de la localidad.