Elegir entre lo esencial y los chiringuitos, la propaganda y los gastos improductivos
Esta mañana el marino está sombrío:
—La política actual se presta a que cualquier tema se interprete y despache según convenga. A partir de ahí, tachar el tema de Ginebra como pura demagogia es lo más fácil.
Ginebra, es una niña de 11 años, padece un grave problema oncológico sanguíneo; una enfermedad que padecen unos 150 personas en España, pero actualmente hay un medicamento que la podría curar, pero su elevado costo —unos 2 millones de euros— y al no ser financiada por Sanidad obliga a transfusiones de sangre periódica y a un futuro sombrío.
No es una medicación paliativa, sino curativa. Es decir, un medicamento que marca la diferencia entre avanzar o retroceder; y ahí, está el rostro de una persona y la angustia de una familia. Ante eso, la retórica pública y los relatos se derrumban.
La solución es fácil: 150 enfermos x 2 millones/persona = 300 millones de euros.
Lo que, aproximadamente, nos cuesta anualmente la limosna compra-votos del Bono Cultural Joven. Una postura fácilmente rebatible, tachada de demagógica y cortoplacista.
Claro que, si le añadimos el Abono Único de Transporte, otra limosna compra-votos, ya sobraría dinero y sin la necesidad de la medida estrella del gobierno de Sánchez que desincentiva la búsqueda de empleo, el IMV para jóvenes.
Sigamos demagogos, sin las limosnas compra-votos y miramos los Presupuestos Generales del Estado, los que, además, no van a haber en esta legislatura, como es el gasto en Publicidad y comunicación institucional. Un importe que alcanzó, en 2025, casi 271 millones o la Ayuda Oficial al Desarrollo, en 2025, alcanzó 4.116 millones de euros. La AECID supera los 1.000 millones. Exteriores destina cerca de 120 millones a organismos internacionales.
Gastos que pueden sonar nobles y altruistas, pero cuando no hay para esos medicamentos surge una pregunta: ¿Qué debe financiar primero un Estado?
Porque el gobierno de Sánchez presume de Sanidad Universal, pero malgasta grandes cantidades y no es capaz de garantizar fármacos oncológicos y permiten que mueran.
Ahí está la hipocresía y la demagogia,
La joven profesora comenta:
—España no tiene problemas de recursos, con máximos en recaudación fiscal y deuda pública. Tiene problema de prioridades y eficiencia en el gasto; porque este país gasta mucho, mal y se ha construido una cultura política en la que casi todo es intocable menos.
El despilfarro está en temas «menores» y en lo estructural. El informe del Instituto de Estudios Económicos señala que, si se mejorara la eficiencia en el gasto público para alcanzar los niveles medios de la UE, habría un margen de ahorro entre los 50.000-60.000 millones de euros.
No es recortar servicios, sino eliminar sobrecostes, duplicidades y burocracia redundante, pero ahí aparece el tema tabú de la clase política, cambiar el modelo administrativo español.
España tiene ministerios y consejerías autonómicas duplicando funciones; entes, agencias, empresas públicas, fundaciones, observatorios y organismos que crecen sin parar, con altos cargos, asesores y estructuras paralelas cuya utilidad real no se evalúa con rigor, con austeridad y sin análisis de creación de valor.
Cada administración defiende su parcela, su sede, su organigrama y su presupuesto. Nadie quiere adelgazar el monstruo porque alimenta demasiadas bocas, políticos y abona el clientelismo.
El marino interviene:
—La descentralización autonómica tiene sentido si acerca la gestión al ciudadano, si ahorra costos. Carece de sentido si genera duplicidades, legislaciones diferentes que provocan confusión e inseguridad jurídica. Se debe acabar con 17 modelos administrativos diferentes, sin intercomunicación, encareciendo servicios, y sin mejoras reales.
La sanidad pública es el ejemplo más doloroso. No sobra dinero, pero no se pueden obviar las ineficiencias flagrantes, con compras fragmentadas, falta de coordinación —como en el Covid 19— y en la era de la Inteligencia Artificial, unos sistemas informáticos que no se comunican, con hospitales sometidos a burocracias y protocolos desfasados que consumen tiempo y recursos.
La profesora añade:
—No hay dinero para ciertos fármacos, pero si hay para sindicatos, patronales, fundaciones, asociaciones, proyectos y ayudas —como Plus Ultra— con dudoso retorno económico y social. Subvenciones con apariencia social, pero que acaban en redes clientelares o de uso político, sin que se mida el beneficio al ciudadano.
Hay que introducir en el gato una jerarquía moral del gasto y partir de un presupuesto de base 0, analizando partida a partida y mientras existan déficits en medicamentos, dependencia, justicia, seguridad o educación, eliminar todo gasto accesorio hasta el equilibrio del presupuesto.
Con un país con una deuda pública creciente, unos presupuestos desequilibrados —a pesar de la presión fiscal en máximos—, debería haber una oposición frontal y una auditoría nacional, —gobierne, quien gobierne—, a cualquier gasto superfluo, revisar entes duplicados, subvenciones sin retorno, reducción de cargos, organismos redundantes, oficinas exteriores autonómicas o gastos corrientes injustificados.
El viejo marino remata con dureza:
—Voy a acabar siendo demagogo. Como hablamos de fármacos, diré que, mientras un delincuente en prisión tenga más acceso gratuito a medicamentos que un pensionista, este país va en dirección contraria.