El avance de las investigaciones sobre la presunta red de corrupción en la Diputación de Almería ha dejado una jornada de intensas declaraciones judiciales en la provincia de Almería. en relación al caso Mascarillas. El empresario Kilian L.S., señalado como un intermediario clave en la adjudicación de un contrato de material sanitario de dos millones de euros durante la primera fase de la pandemia, ha testificado que su relación contractual con el organismo público fue "deficitaria". El investigado, vinculado por una amistad de la infancia con el antiguo responsable de Fomento, insistió ante las preguntas de su defensa que los dieciséis contratos de obra civil otorgados a su firma, Pulconar SL, apenas representaron una mínima fracción, concretamente el 0,28 por ciento, del volumen total del departamento a lo largo de cuatro años. De este modo, intentó desmarcarse del presunto plan urdido para desviar fondos, restando importancia económica a unas adjudicaciones que los investigadores cifran en más de 420.000 euros en dos ejercicios.
Durante su intervención, que se prolongó algo menos de tres cuartos de hora, el empresario argumentó que los estrechos márgenes de beneficio se debieron a los propios costes operativos de la actividad constructora. Asimismo, justificó ciertos abonos menores a un hermano del exvicepresidente en concepto de subcontrataciones rutinarias. Respecto al contrato de adquisición de cubrebocas mediante la mercantil Azor Corporate Ibérica, sobre el cual la guardia civil sospecha que existió un sobreprecio cercano al 42 por ciento —lo que equivale a más de 900.000 euros—, el compareciente prefirió no aportar nuevos detalles y ratificó íntegramente lo manifestado con anterioridad ante los agentes policiales.
Por su parte, el exvicepresidente tercero Óscar Liria, adscrito al PP, decidió no responder a los interrogatorios en esta fase del proceso, una postura fundamentada por su defensa en la necesidad de conocer los próximos informes tecnológicos que los investigadores están elaborando tras el volcado de los dispositivos móviles incautados. Su comparecencia se adelantó para coordinarse con la de su pareja, Ana Belén M.S., quien también figura como investigada. Ella defendió la absoluta transparencia y licitud en la compra de una vivienda tipo dúplex en el municipio de Huércal-Overa, localidad donde ejerció como edila popular, desmintiendo que dicho inmueble o los vehículos de gama alta bajo sospecha provengan de ganancias ilícitas de la red. Su defensa ya ha solicitado que se archive la causa para ella al no apreciar indicios de criminalidad.
La estrategia de los encausados, que incluyó también a dos empresarios dedicados a la importación desde el mercado asiático y que solo atendieron a sus propios abogados, generó un profundo malestar en la acusación particular que ejerce el PSOE. El equipo jurídico de los socialistas calificó las sesiones de estériles al considerar que no aportan nada nuevo y adelantó que reclamará nuevas declaraciones testificales y medidas complementarias para esclarecer delitos graves que abarcan la malversación, el cohecho y el lavado de activos. Por otro lado, la comparecencia de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo, tuvo que aplazarse debido a problemas de salud de su letrado y se fijará para una fecha posterior.
El calendario judicial prevé que estas rondas de declaraciones concluyan a finales de junio con la citación del actual mandatario de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. Las pesquisas sitúan el foco en un canal de comunicación privado bautizado como 'Naranjito', en el cual participaban Liria, Giménez y García. Los investigadores sostienen que el grupo utilizaba metáforas vinculadas a tratamientos de odontología para coordinar de forma encubierta el cobro de supuestas comisiones ilegales por contratos gestionados desde el año 2016, empleando frases recurrentes como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer" para encubrir los pagos ilícitos.