El avance de las comparecencias judiciales por las presuntas irregularidades en la Diputación de Almería en el marco del caso Mascarillas ha dejado las primeras versiones de los empresarios salpicados por la trama. Dos de los contratistas implicados en las pesquisas han sostenido ante el juez la absoluta legalidad de las adjudicaciones de obras y servicios que recibieron de la institución provincial, negando haber obtenido ventajas por sus vínculos con el exvicepresidente tercero y exresponsable de Fomento, Óscar Liria, o con su hermano Francisco, a quien los investigadores sitúan como presunto intermediario.
La estrategia de las defensas se ha dividido entre la comparecencia y el silencio. El hermano del exvicepresidente ha optado por no testificar en las dependencias judiciales, una postura idéntica a la adoptada un día antes por el propio Óscar Liria. Esta misma vía de reserva constitucional ha sido la elegida por otro empresario vinculado a una presunta operación de compra de un despacho de apuestas. Los abogados defensores han condicionado futuros testimonios a que se incorporen a la causa los próximos análisis de la guardia civil sobre los ordenadores y teléfonos móviles intervenidos a finales del año pasado, momento en el que también se produjo el arresto del expresidente de la corporación provincial y miembro del PP, Javier Aureliano García.
Las sospechas policiales apuntan a que Francisco Liria formaba parte en la sombra de la constructora Pulconal, firma que logró dieciséis contratos públicos bajo sospecha por un valor cercano a los 421.800 euros. La hipótesis de los agentes sostiene que estas adjudicaciones se gestionaron de manera irregular aprovechando la posición de poder de su hermano en el Área de Fomento. La tesis investigadora indica que se pretendía desviar un beneficio del cinco por ciento mediante un entramado estable diseñado para camuflar la procedencia presuntamente ilícita de los fondos.
Del mismo modo, el instituto armado sospecha que Óscar Liria utilizó mercantiles vinculadas a su entorno familiar para canalizar la adquisición de automóviles de gama alta mediante la confección de facturas ficticias para blanquear las supuestas comisiones. En relación con este apartado, han comparecido un empresario y su tío. El primero, al frente de Albaida Infraestructuras y responsable real de García Construcción Sostenible SL, ha negado ante el magistrado Manuel Rey Bellot y la Fiscalía cualquier tipo de prebenda, abonos a empleados públicos o concertación de ofertas ficticias para alterar concursos públicos, defendiendo que sus contratos se lograron de forma competitiva y limpia. Por el contrario, su familiar se ha desmarcado de la gestión ordinaria de la sociedad.
La causa también sigue el rastro de una supuesta inversión de 710.000 euros destinada a adquirir un negocio de lotería en el municipio de Adra. Los indicios de la guardia civil señalan que los hermanos Liria habrían empleado a un tercero para camuflar su capital en esta operación, en la que supuestamente se movilizaron 195.000 euros en metálico. El sospechoso de actuar como testaferro ha declinado declarar hasta que la instrucción aporte nuevos elementos.
Esta ronda de declaraciones en sede judicial se inauguró con la comparecencia de Kilian L.S., investigado como supuesto conseguidor en un contrato de material sanitario valorado en dos millones de euros, en un proceso penal que por ahora mantiene los interrogantes planteados por la guardia civil en sus análisis previos.