Economía

La Junta reivindica en Pulpí la unidad del sureste para garantizar agua al sector hortofrutícola

Fernández-Pacheco participa en la clausura de la Asamblea General de Proexport, que aborda los desafíos globales del sector

Viernes 05 de junio de 2026

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El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado en el municipio almeriense de Pulpí la unidad del sureste español para garantizar agua al sector hortofrutícola, ya que como ha señalado, “Andalucía y Murcia comparten una misma vocación agrícola, una misma orientación exportadora y, en gran medida, los mismos retos”.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de Proexport, donde también ha intervenido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, Fernández-Pacheco ha explicado que “ambas regiones comparten una misma realidad hídrica y, por tanto, la convicción de que el trasvase Tajo-Segura no es privilegio de nadie, sino una infraestructura estratégica para garantizar empleo, producción de alimentos y el desarrollo económico de miles de familias”.

A este respecto, ha lamentado que “con el cambio de reglas de explotación del trasvase que el Gobierno central pretende llevar a cabo, el recorte perjudicará de forma directa, sólo en Almería, a 5.000 hectáreas e, indirectamente, a 24.000 de la zona del Levante”, a lo que ha añadido que “podrán verse afectados miles de empleos asociados al sector primario y se calcula que por cada hectómetro cúbico que deja de llegar al Levante almeriense, se van a perder unos 30 millones de euros anuales”.

En este sentido, el titular del ramo ha insistido en que “secar el sureste español tiene efectos directos sobre nuestro campo, nuestro PIB, el empleo de miles de familias, el volumen de nuestras exportaciones y la soberanía alimentaria de la Unión Europea, por lo que no lo vamos a tolerar”.

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Sobre las exportaciones, Fernández-Pacheco ha detallado que Andalucía ha exportado en los tres primeros meses del año frutas y hortalizas por valor de casi 3.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad, 1.825 millones de euros, corresponden a la provincia de Almería, con un incremento del 21,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El consejero ha asegurado que “lograr esas cifras conlleva el esfuerzo de nuestros agricultores y productores que, lamentablemente, ven con preocupación la posibilidad de que un mecanismo tan importante como son las ayudas a través de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), puedan eliminarse ante un nuevo sistema de la PAC”.

77 M€ de ayudas abonadas

Ha señalado que las ayudas abonadas en 2025 por 77 millones de euros para 34 OPFH de Almería podrían desaparecer en un futuro al eliminarse el presupuesto independiente de la PAC y exigir la cofinanciación por parte de los países. “Las ayudas directas deben seguir siendo clave para apoyar la renta de los productores, adaptándose, además, a cada territorio”, ha apostillado.

Junto a la necesidad de defender una Política Agraria Común (PAC) que garantice la seguridad alimentaria europea, el sector hortofrutícola tiene muchos retos crecientes como la competencia creciente de terceros países, las exigencias cada vez mayores de la distribución comercial, la escasez de agua, la falta de herramientas fitosanitarias eficaces o la necesidad de atraer jóvenes al campo.

Más herramientas fitosanitarias

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En cuanto a las herramientas fitosanitarias, Fernández-Pacheco ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los agricultores cuenten con herramientas fitosanitarias, tanto es así que desde Andalucía, Murcia y Valencia se ha solicitado conjuntamente una reunión con el Gobierno de España para abordar esta cuestión.

“Nuestros agricultores están perdiendo instrumentos para combatir plagas y enfermedades mientras que nuestros competidores europeos disponen de productos autorizados que aquí no pueden utilizarse, lo que genera una evidente situación de desigualdad”, ha abundado.

Así, el consejero ha reconocido que “resulta difícil explicar a un agricultor que un fitosanitario autorizado en Francia, Italia, Portugal o Eslovenia no pueda utilizarse en España”, por lo que ha pedido “rigor técnico, agilidad y que se escuche a los profesionales”.

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