El avance de las investigaciones judiciales sobre la presunta red de corrupción institucional en la provincia de Almería ha recibido un impulso decisivo. El Juzgado de Instrucción número uno ha autorizado la inspección detallada de decenas de bolsas incautadas que contienen documentación sensible, dinero en efectivo y registros de mensajes comprometedores relacionados con el denominado caso Mascarillas.
Ha sido precisamente Pablo Luna, el abogado del primer imputado en el caso, el expresidente de la Diputación Óscar Liria, quien desveló ante los medios de comunicación que la UCO estaba terminando un nuevo informe sobre el caso. Señaló que su cliente no iba a declarar hasta que se conociera el contenido de éste. Ahí es cuando salta la noticia de que aún había algo más por conocer.
Transcurridos más de doscientos días desde los registros efectuados por la Guardia Civil en las dependencias de la Diputación de Almería, el magistrado encargado de la causa ha ordenado romper los precintos de un total de 41 bolsas con material probatorio. Lo que inicialmente arrancó como una indagación sobre supuestas irregularidades en el abastecimiento de equipos de protección médica durante la crisis sanitaria, se ha transformado en una macrocausa que ya salpica a 43 imputados. Entre las sospechas judiciales figuran delitos graves como cohecho, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y fraude contractual.
La hipótesis central del caso apunta a un sistema organizado para el desvío de dinero a través de mordidas que se estiman entre los 200.000 y los 400.000 euros. De acuerdo con las pesquisas, un empresario del sector habría suministrado fondos en metálico al antiguo vicepresidente institucional, quien presuntamente actuaba como canalizador para gratificar a otros implicados. Paralelamente, se examina una red dedicada a la obtención ilícita de contratos en el departamento de fomento corporativo mediante mercantiles interpuestas, valiéndose presuntamente del tráfico de influencias políticas de altos cargos y de la colaboración de empresarios externos.
El análisis de las pruebas documentales se dividirá según el lugar donde fueron incautadas. En el inmueble privado del expresidente provincial en la capital de Almería, los agentes localizaron notas manuscritas comprometedoras, mientras que en su despacho oficial hallaron un registro de abonos en efectivo y papeles directamente vinculados al contrato del material sanitario. La Guardia Civil también rastreará cientos de folios con conversaciones telefónicas encriptadas donde los implicados usaban supuestamente terminología relacionada con la odontología para encubrir los pagos ilícitos. Asimismo, el registro en la vivienda de otro exvicepresidente situada en Retamar desveló facturas comerciales, una agenda y apuntes personales, sumados a documentación oficial guardada en sus dependencias de la institución provincial.
La investigación se expande con fuerza hacia otras localidades de la provincia. En el término municipal de Balanegra, las inspecciones en la vivienda de un pariente del antiguo mandatario permitieron asegurar contratos de alquiler, datos bancarios e información sobre comunidades de bienes. Al mismo tiempo, en Roquetas de Mar, el domicilio de un empleado de la Diputación de Almería aportó agendas e informes clave sobre reuniones corporativas.
El mayor arsenal de documentos, no obstante, se localizó en la localidad de Fines, dentro de la sede de la compañía GESA Andalucía, donde los investigadores se incautaron de 26 bolsas repletas de evidencias. En estas oficinas se intervinieron sobres que lucían la cifra manuscrita de diez mil, estados de cuentas de las firmas implicadas y comprobantes de servicios prestados al propio consistorio local de Fines. Todo este proceso de apertura y digitalización de documentos se ejecutará de forma minuciosa bajo el control de una letrada de la Administración de Justicia para asegurar el estricto cumplimiento de la ley penal en Almería.