Hubo un tiempo, allá por el pleistoceno político de 2018, en el que el nombre de Fernando Grande-Marlaska cotizaba al alza. El hombre venía avalado por una trayectoria reputada como magistrado en la Audiencia Nacional, con un aura de juez implacable que hacía presagiar una gestión técnica y rigurosa. Quién le iba a decir a este bilbaíno que su verdadero destino era convertirse en el pararrayos oficial del Gobierno, batiendo récords de permanencia en el Consejo de Ministros al mismo ritmo que dilapidaba su prestigio a pasos agigantados. Hoy, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, el titular del Ministerio del Interior parece haber hecho suya aquella máxima de que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe; o en su caso, no enterarse de a quién llaman sus subordinados.
El último episodio que acorrala al ministro ya no admite el clásico capote monclovita. El sumario del bautizado como "caso Leire" —o "caso Fontanera", elijan el alias que mejor combine con su paciencia— sitúa a Fernando Grande-Marlaska en una encrucijada donde la única salida digna e irrevocable sería la dimisión. Sin embargo, la dignidad suele ser un artículo de lujo que cotiza a la baja.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibujan un panorama que deja al ministerio en una posición indefendible, independientemente de la versión por la que uno decida optar. Apliquemos una sencilla lógica binaria a los hechos contrastados.
Si nos atenemos a las tesis que la UCO plasma en sus informes, la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, junto a ciertos mandos de la institución, presuntamente se compinchó con la conocida como "fontanera" del Partido Socialista, Leire Díez. Una carambola que, según los investigadores, conectaba directamente con la trama de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. El objetivo de este entramado no era otro que un burdo intento de torpedear o "aguar" cualquier instrucción judicial que pudiera salpicar al entorno de Pedro Sánchez.
Las grabaciones y llamadas telefónicas incluidas en el sumario evidencian citas y encuentros entre Leire Díez y la cúpula de la Benemérita. Reuniones que la propia Mercedes González, negó como lo hizo la "fontanera" y el propio Grande-Marlaska, pero que no ha tenido más remedio que terminar reconociendo ante la contundencia de las pruebas. Si este relato es cierto, Fernando Grande-Marlaska debería haber cesado de inmediato a la Directora General por permitir que la institución sirviera de escudo partidista, y acto seguido, haber dimitido él mismo por una flagrante falta de control sobre sus propios nombramientos.
Hagamos un ejercicio de generosidad intelectual y pongámonos en el supuesto contrario. Imaginemos que todo este sumario es una burda patraña. Que los encuentros entre la Directora General de la Guardia Civil y la "fontanera" del PSOE eran meras citas casuales para tomar café, comentar el viento de levante que a veces molesta en Almería o discutir sobre el clima madrileño. Si la UCO se ha inventado una trama de semejante calibre, falseando pruebas y difamando el buen nombre de la dirección del cuerpo y del propio Gobierno del Estado, la situación no sería menos grave.
En este caso, incluso si la versión de la directora fuese cierta, lo extraño es que no llamara al ministro para decirle que una anónima militante socialista se había plantado en su despacho para perdir un extraño favor en beneficio de cierto agente del Cuerpo. Sostiene que eso es lo que sucedió, como si de por sí no fuese suficientemente escandaloso de ser cierto.
De ser así, Fernando Grande-Marlaska tendría que haber fulminado de forma fulminante a toda la cúpula de la UCO por deslealtad institucional y fabricación de pruebas falsas. Además, tendría que haber destituido a la directora porque es inaudito que aceptara aquella reunión que ahora reconoce, y tras ser conminada a hacer algo, no le avisase al Ministerio.
Y, por supuesto, tras firmar el cese, el ministro tendría que haber presentado su dimisión por haber permitido que la unidad de élite de la investigación criminal de este Estado actuara de manera tan descontrolada y corrupta bajo su mandato.
La realidad es que el sumario no deja margen para terceras vías ni para la conocida parsimonia del ministro. Nos encontramos ante una paradoja de manual:
O la cúpula política de la Guardia Civil es corrupta por intentar tapar las vergüenzas del partido del Gobierno.
O la cúpula de la UCO es corrupta por inventarse conspiraciones contra el partido del Gobierno.
En cualquiera de los dos escenarios, el nexo común es un Ministro del Interior que ni sabe, ni contesta, ni se entera de lo que ocurre en los despachos de su propia competencia. Que un jurista de su talla acepte como normal que bajo su poltrona se libre una guerra de informes, filtraciones y presuntos boicots judiciales sin asumir la más mínima responsabilidad política, resulta sencillamente insostenible.
La provincia de Almería, que sabe bien lo que es sufrir la escasez de medios y la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus cuarteles, asiste estupefacta a este espectáculo donde los recursos de la Guardia Civil parecen más centrados en los pasillos de la fontanería política de Madrid que en la seguridad ciudadana. En cualquier Estado que se pretenda formalmente democrático, un ministro atrapado en un laberinto donde solo puede elegir entre haber sido incompetente o haber sido cómplice ya habría desalojado el despacho. Pero aquí seguimos, esperando a que el ministro descubra qué pasa en su propia casa.