La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha dado un paso significativo en la regulación de la caza en Andalucía. A través de una nueva orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se establece la figura del guarda jurado de caza, con el objetivo de fortalecer la vigilancia cinegética y mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales en nuestra comunidad.
Esta normativa surge como parte del Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa, que busca eliminar la confusión entre las funciones del guarda rural especializado en caza y el guarda de coto de caza. Con esta regulación, se pretende crear un marco claro que defina las competencias y requisitos necesarios para ejercer estas funciones en Andalucía.
Para acceder a esta nueva acreditación, los interesados deberán ser mayores de edad, contar con la habilitación correspondiente como guarda rural en la especialidad de caza y superar un curso específico adaptado a las particularidades andaluzas. Aquellos que hayan sido inhabilitados o sancionados por infracciones graves no podrán obtener dicha acreditación.
La acreditación tendrá una validez de cinco años, tras los cuales será necesario realizar cursos de reciclaje para su renovación. Además, se establece un curso obligatorio de capacitación cinegética con una duración mínima de 40 horas, que combinará teoría y prácticas en campo, impartido por entidades homologadas por la Consejería.
El programa formativo abarcará temas como la normativa cinegética andaluza, gestión de recursos cinegéticos, identificación de especies, conservación de biodiversidad y uso seguro de armas. También incluirá formación sobre emergencias, prevención de incendios forestales y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión cinegética.
La actividad cinegética es fundamental para muchas zonas rurales andaluzas, generando empleo e ingresos mientras contribuye a la conservación del medio ambiente. En este contexto, la Junta busca modernizar el sector mediante una regulación que responda a las necesidades actuales.
Los guardas jurados tendrán como principales responsabilidades la vigilancia dentro de los terrenos donde prestan servicio, asegurando el cumplimiento normativo y colaborando con las administraciones en la protección del entorno natural. Entre sus tareas destacan prevenir infracciones, supervisar capturas durante las jornadas de caza y participar en censos poblacionales.
Además, podrán colaborar en el control de predadores si cuentan con la acreditación adecuada y realizarán actividades como el precintado y examen de piezas cazadas para garantizar su seguimiento sanitario.
La nueva regulación también otorga a estos profesionales funciones clave en la detección y comunicación sobre enfermedades o casos sospechosos que puedan afectar a la fauna silvestre, contribuyendo así a preservar tanto la biodiversidad como la salud pública.
Asimismo, se incluye una disposición transitoria para los guardas habilitados que podrán continuar ejerciendo hasta su jubilación bajo la normativa anterior al nuevo decreto. Este colectivo deberá renovar sus credenciales mediante cursos obligatorios para asegurar su actualización continua.
Finalmente, los guardas jurados ofrecerán apoyo a los agentes medioambientales y cuerpos de seguridad del Estado en sus labores, promoviendo así una mayor coordinación en la vigilancia y protección de nuestros espacios cinegéticos.