el campo de Almería y del resto de la comunidad autónoma se encuentra a la espera de un auxilio fiscal determinante, después de que la Junta de Andalucía haya elevado una segunda petición formal al Ejecutivo central exigiendo un recorte generalizado del 35% en los módulos del IRPF para las actividades agrarias, con especial hincapié en las producciones hortofrutícolas almerienses afectadas por pérdidas extremas.e
El departamento autonómico de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural insiste en la necesidad de modificar la Orden del Ministerio de Hacienda sobre los índices de rendimiento neto para la campaña correspondiente al pasado año fiscal. Desde la administración regional se argumenta que los agricultores y ganaderos andaluces se enfrentaron a una tormenta perfecta de adversidades climatológicas, crisis sanitarias en los animales y una escalada incesante de los costes de producción que dinamitó por completo su rentabilidad económica.
En el caso concreto de los cultivos hortícolas, pilares esenciales de la economía en la provincia de Almería, la propuesta andaluza considera vital que el índice tributario caiga drásticamente del 0,26 al 0,14 en todo el territorio. Además de esta medida de carácter general, se ha solicitado un tratamiento excepcional para el sector agrícola de Almería mediante un descuento extra diseñado en exclusiva para amortiguar el grave impacto de los daños acreditados en sus invernaderos y explotaciones.
La propuesta de flexibilización impositiva de la Junta de Andalucía también recoge una bajada al 0,14 para los cereales y al 0,18 para el sector de la flor cortada y las plantas ornamentales. Para el sector forestal, la rebaja planteada escala hasta el 45%, buscando dar aire a cultivos en retroceso como la remolacha azucarera, cuyo módulo se sugiere fijar en un 0,07 para facilitar la obligada reconversión que afrontan sus profesionales tras la práctica desaparición de esta actividad en la comunidad.
Por su parte, los productores ganaderos arrastran un escenario aún más crítico debido a la persistencia de diversas enfermedades en sus cabañas y a los elevados gastos veterinarios derivados. Ante esta delicada tesitura, se ha reclamado un descenso de al menos el 50% en los módulos aplicables a todo el ámbito ganadero, profundizando en rebajas añadidas para el ovino y caprino —tanto de carne como de leche— y la apicultura, cuyos coeficientes deberían descender sensiblemente para evitar el colapso de las granjas.
La petición autonómica también persigue enmendar ciertos desequilibrios geográficos y omisiones del borrador estatal anterior, exigiendo mejoras en los sectores del olivar y la aceituna de mesa de otras provincias andaluzas, además de subsanar fallos materiales detectados en comarcas citrícolas. Los responsables de la Consejería han lamentado profundamente que el Gobierno central ignorase las advertencias iniciales, viéndose obligados a reiterar sus demandas de forma específica por sectores, al recordar que "la situación del campo andaluz es preocupante y debemos acompañar a un sector que es estratégico".