La comisión parlamentaria ha sido el escenario de una intensa confrontación política en la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en dicho órgano y diputado por la provincia de Almería, Rafa Hernando, ha acusado directamente al director de la Oficina de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, de emplear una serie de argumentos y mentiras con el único objetivo de retrasar su comparecencia en el Congreso. Según el representante parlamentario, el alto cargo ha tenido que asistir de forma forzada para evitar dar explicaciones detalladas sobre lo que calificó como un asalto ejecutado desde el poder político hacia determinadas empresas de carácter público y estratégico, un asunto cuya trascendencia e implicaciones económicas repercuten de manera directa en el tejido empresarial y en el desarrollo de las provincias, incluyendo a Almería.
En esta misma línea de argumentación, el portavoz adjunto del PP, José Vicente Marí Bosó, ha denunciado con severidad que, durante los años de gestión del Gobierno socialista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dejado de operar como un verdadero instrumento de política económica para convertirse en una herramienta al servicio de la corrupción del PSOE. El portavoz popular ha señalado directamente a la actual presidenta de la entidad estatal, Belén Gualda, tachándola de ser una parte activa en los manejos orientados a someter la voluntad de compañías fundamentales para la seguridad del Estado español a los intereses de la presidencia del Gobierno, definiendo la trayectoria reciente de la SEPI como un historial marcado por el enchufismo, el clientelismo y la colonización del sector empresarial.
La denuncia del grupo de la oposición parlamentaria sostiene que las esferas más cercanas a la presidencia del Ejecutivo han convertido la sociedad estatal en un espacio de beneficio particular, un escenario que ha provocado continuos sobresaltos judiciales tras conocerse que la UCO ha efectuado registros tanto en la sede central de la SEPI como en oficinas de firmas dependientes, entre las que se encuentran Correos, Enusa, la Dirección General del Patrimonio del Estado y Cofivacasa. Desde el PP se afirma que existió una estrategia deliberada para flexibilizar los controles y facilitar operaciones por mera recomendación política, apuntando de forma específica a los polémicos rescates financieros de corporaciones como Plus Ultra, Tubos Reunidos o Air Europa, todas ellas actualmente sometidas a investigación en sede judicial debido a sospechas sobre el presunto pago de comisiones y mordidas, o por las dudosas condiciones contractuales bajo las cuales se concedieron tales ayudas estatales.
Por su parte, el diputado almeriense Rafa Hernando ha puesto el foco de atención sobre la situación de Indra y la reciente renuncia de su presidente, Ángel Escribano, un movimiento que ha calificado de vergonzante y sobre el cual criticó la absoluta falta de aclaraciones por parte de la presidencia de la SEPI respecto a unas maniobras que, a su juicio, se han orquestado en la oscuridad para forzar un nuevo relevo en la dirección. Hernando cuestionó la coherencia de pretender consolidar un gran referente estatal en el sector de la defensa mediante una empresa que cuenta con 60000 trabajadores, mientras de forma paralela se permite que corporaciones privadas adquieran las acciones de esta firma estratégica. Finalmente, el parlamentario describió a De la Rocha como el fontanero económico de la Moncloa, acusándolo de coordinar movimientos para extender el control político sobre grandes potencias económicas como Telefónica o la citada Indra, incluso ante la previsión de perder el poder político en el Estado español.