Una minuciosa investigación de la Guardia Civil con epicentro en la provincia de Almería ha logrado desarticular una activa organización criminal dedicada a la tramitación fraudulenta de permisos de residencia. Los implicados explotaban la vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros cobrándoles elevadas sumas de dinero a cambio de simular relaciones laborales ficticias, enfocando sus operaciones principales en el territorio de Almería pero extendiendo su alcance a otras zonas del país.
El operativo policial, bautizado como 'Lutasanol', culminó con el arresto del responsable principal de la captación de clientes y la imputación de otros tres colaboradores. Entre los investigados se encuentran dos administradores de empresas radicados en Madrid y Santa Cruz de Tenerife, así como un asesor del ámbito laboral con despacho profesional situado en Almería. Las pesquisas han corrido a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería y del Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido.
La red delictiva operaba captando a personas en situación irregular en provincias como Murcia, Albacete, Huelva, Granada y Málaga, ofreciéndoles contratos ficticios a cambio de pagos que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros por expediente. Estas contrataciones simuladas se registraban formalmente en la Seguridad Social sin que existiera una actividad comercial real que las respaldase, lo que generó un fraude que supera los 100.000 euros al facilitar además el acceso ilícito a prestaciones del erario público.
En el registro del inmueble que servía como centro operativo a la banda en Almería, los agentes de la Guardia Civil intervinieron abundante documentación incriminatoria, nóminas falsificadas, dinero en efectivo de procedencia ilícita y manuscritos informativos. La organización mantenía una estructura interna con roles claramente asignados en la que los captadores conseguían a las víctimas mientras los asesores daban una falsa apariencia de legalidad a más de un centenar de expedientes tramitados ilegalmente.