El acceso a la vivienda protegida y el estado de conservación de los edificios públicos han centrado el debate en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Almería. Las políticas residenciales del equipo de gobierno local han recibido duras críticas al considerarse totalmente alejadas de la capacidad económica real de los ciudadanos, en una jornada donde también se ha puesto el foco sobre las deficiencias higiénicas en los centros escolares de la capital.
El concejal del PSOE, Raúl Enríquez, ha calificado de inasumibles las promociones públicas actuales, señalando que están orientadas a perfiles con ingresos anuales de hasta 58.800 euros. Esta cantidad contrasta con el sueldo medio en la ciudad, que apenas rozó los 22.300 euros en el último ejercicio. Para el representante de la oposición, estos parámetros evidencian una desconexión absoluta por parte del ejecutivo del PP hacia las familias vulnerables. Asimismo, ha lamentado que la empresa municipal Almería XXI actúe de espaldas al beneficio colectivo, citando el ejemplo de los nuevos pisos de la Vega de Acá, donde un inmueble de 78 metros cuadrados se comercializa por casi 240.000 euros, un coste que ve prohibitivo para la mayoría.
La controversia residencial también afecta a la duración de los beneficios sociales de los inmuebles. Los socialistas han reprochado que el equipo de gobierno presuma de su gestión cuando en realidad se trata de promociones con un blindaje limitado a siete años, tras los cuales las viviendas pasan al mercado libre, abriendo la puerta a movimientos especulativos. Frente a este modelo, el bloque de la oposición ha puesto en valor el Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno central para el periodo 2026-2030, que cuenta con un fondo de 7.000 millones de euros destinados a la ampliación del parque residencial permanente y al fomento del alquiler accesible, instando al consistorio local a aplicar criterios similares en su planeamiento municipal.
Por otra parte, la gestión de los servicios básicos en Almería ha sumado un nuevo frente de conflicto. El edil socialista Antonio Ruano ha reclamado formalmente una auditoría externa e independiente que examine las tareas de desinfección y aseo en los colegios y oficinas del Ayuntamiento. La petición surge tras conocerse las reiteradas alertas de un supervisor de la concesionaria FCC Medio Ambiente sobre supuestos incumplimientos de las condiciones pactadas en el contrato, unos avisos que según el grupo opositor ya se notificaron al gobierno local en años anteriores sin que se adoptaran medidas correctoras.
Ruano ha incidido en el riesgo que supone para la salud pública encontrar restos de suciedad y hongos en espacios sensibles como comedores escolares y aseos infantiles, aportando actas gráficas de estas deficiencias. El concejal ha concluido lamentando el rechazo del PP a iniciar dicha fiscalización, insistiendo en que la ciudadanía no debe tolerar que los recursos públicos financien prestaciones deficientes.